El Defensor del Pueblo bonaerense pidió que se declare inconstitucional la reforma previsional

Judiciales 24 de diciembre de 2017 Por
Guido Lorenzino presentó un amparo ante la Justicia y pidió una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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El defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires presentó un amparo ante la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma previsional que aprobara hace unos días el Congreso Nacional. Entre los fundamentos sostiene que la misma resulta regresiva y produce daños irreparables entre los beneficiarios del sistema.

Guido Lorenzino, quien interpuso la medida junto a la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del país, ejercerá la representación colectiva de todos los damnificados por los cambios en las jubilaciones, pensiones ordinarias, pensiones no contributivas y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Según expresó, “las modificaciones introducidas a la norma van en contra lo que dice la Constitución y los tratados internacionales”, y agregó que “básicamente vulnera el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley, la movilidad jubilatoria, la no discriminación, el principio de progresividad y el no retroceso en materia de seguridad social”.

Para el defensor, los cambios generan graves amenazas, como la disminución de ingresos alimentarios y una sensible pérdida del poder adquisitivo que afectaría a aproximadamente a 10.000.000 de habitantes, entre jubilados, pensionados, titulares de pensiones no contributivas, y beneficiarios de prestaciones sociales como la AUH y otros subsidios.

Asimismo consideró que cualquier reforma que modifique derechos, requiere del diálogo con todos los sectores , lo que no ocurrió en este caso, y cuestionó entre otros puntos que se ligue la movilidad de los haberes a la inflación, lo cual no ha sido aceptado por la Corte Suprema de Justicia.

Además de la presentación judicial, pidió además  una medida cautelar por este tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente porque las modificaciones aprobadas no solo van en contra de la Constitución sino que rompen con los postulados de varios tratados internacionales y por ende es necesario llevar la cuestión a un nivel superior.

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