Incorporan tres nuevos trabajadores con Sindrome de Down en el Ministerio de Justicia

Nacionales 31 de enero de 2018 Por
Los jóvenes ingresaron a la Inspección General de Justicia gracias al acuerdo alcanzado entre la cartera y la Asociación Síndrome de Down de Argentina
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A las personas con discapacidad se les hace muy difícil conseguir un trabajo estable en la actividad privada. Y aunque no debería ser así, mucho más complicado lo es en el Estado.

La noticia que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ha incorporado a tres trabajadores con Síndrome de Down, merece ser destacada porque puede ser el inicio de un cambio de política no solo en el Estado Nacional sino también en las provincias y municipios.

Tras un acuerdo con la Asociación Síndrome de Down de Argentina y la cartera de Justicia, tres jóvenes tuvieron la posibilidad de entrar a trabajar en la Inspección General de Justicia.

Martín Tillet (21), Cecilia Ortiz Rocca (24) y Daniela Buono (26) son egresados del Programa  Formación para el Empleo de la Universidad Católica Argentina y gracias a un programa de inclusión laboral de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), este año están desempeñándose en el área contable y en atención al público en mesa de entradas del mencionado organismo.

Al referirse al tema, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, sostuvo que todos tienen el  deber de acompañar a las personas con discapacidad para construir una sociedad más amplia e inclusiva.

Por su parte. Sergio Brodsky, titular de la IGJ, destacó el valor agregado que para todos los que conforman el equipo del organismo, significan estos empleados.

Según la ley 25.689 sancionada el 28 de noviembre de 2002 y promulgada el 2 de enero de 2003 establece en su artículo 8vo. “ El Estado nacional - entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos - están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.

Este año se cumplieron 15 años desde su promulgación sin que a la fecha se haya dado cumplimiento efectivo a la norma en ninguna repartición, organismos o empresas del Estado Nacional.

 De ahí  que remarcamos la decisión de la cartera de Justicia e invitamos a que en todos los Poderes del Estado Nacional se multipliquen los ingresos de personas con discapacidad en cumplimiento con la legislación vigente.

 

Fuente consultada: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

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