Pronunciamiento en contra de la baja de la edad de imputabilidad

Judiciales 21 de febrero de 2019 Por EXPRESOJUDICIAL
El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales presentaron un documento crítico en contra del anteproyecto de ley del Poder Ejecutivo.
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El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina cuestionó el anteproyecto de ley sobre el sistema de responsabilidad penal juvenil elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Lo hizo a través de un documento que presentó ante el Subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan José Benítez en el que se opone a la baja en la edad de imputabilidad penal (de 16 a 15 años) que impulsa el Poder Ejecutivo.

El texto especifica y desarrolla cuestiones que deberían considerarse sobre el tema de la edad mínima de responsabilidad penal (EMRP). Por ejemplo: la concepción del sistema penal como ultima ratio para tratar, aun desde el punto de vista legislativo, los problemas y conflictos de niños, niñas y adolescentes (NNyA); la existencia de un problema social; la eficacia de la herramienta de política pública; y la conceptualización en clave jurídico/legal de la cuestión etaria en el sistema penal juvenil.

Se destaca la existencia de una inocultable tensión entre la decisión política estatal dirigida a bajar la edad de imputabilidad penal de niñas, niños y adolescentes (NNyA) y el reconocimiento pleno de los derechos y garantías de estos sujetos privilegiados.
Se sostiene que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas menciona que el  cabal reconocimiento de los derechos y garantías de NNyA, a la luz del interés superior del niño como principio interpretativo dirigido a garantizar la máxima satisfacción de estos, se relaciona con la fijación de una EMRP [edad mínima de responsabilidad penal] lo más alta posible, y nunca con la disminución de esa con el objetivo de ampliar la operatividad del sistema penal juvenil.

Como una de las conclusiones a las que llega el Consejo Federal, se señala que “la adecuación del orden interno a los requerimientos del derecho internacional de los derechos humanos como justificación central de la sanción de un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil es ajena a la previsión de una EMRP de 15 años (art. 2°, a del anteproyecto). Ello no solo pone en crisis la consistencia del apoyo argumental principal de la reforma, sino que también revela la carencia de razones suficientes en el anteproyecto para fijar dicha EMRP”.

El escrito fue firmado por Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación; Maximiliano Benítez, defensor general de Entre Ríos; Mirta Lapad, asesora general de incapaces de Salta; Mariana Silvestri Bauco, defensora general de Mendoza; Jaquelina Balangione, defensora penal del Servicio de Defensoría Penal Pública de Santa Fe; Enrique Billaud, defensor general de Santiago del Estero; Alicia Beatriz Alcalá, defensora general del Chaco; Horacio Corti, defensor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Domingo Fernández, defensor general ante el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz; Susana Traillou, defensora general del Ministerio Público de la Defensa Civil de Jujuy; Sebastián Daroca, defensor general de Chubut; Azucena del Carmen Sánchez, defensora general de La Rioja; Eduardo Aguirre, defensor general de La Pampa; Ricardo Cancela, defensor general del Ministerio Púbico de la Defensa del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén; Ariel Alice, defensor general de Río Negro; Luis Duacastella defensor general adjunto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Yael Bendel, asesora general tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Washington Navarro, ministro a cargo del Ministerio Pupilar y de la Defensa de Tucumán.

Para acceder al documento completo copiar el siguiente enlace en la barra de direcciones de su navegador

https://www.mpd.gov.ar/pdf/prensa/DocumentoConsejoProyectoLeyEdadImputabilidad.pdf

 

 Fuente: Ministerio Público de la Defensa

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