Se estima que en el país se realizan entre 370 mil y 520 mil abortos por año

Legislativas 26 de abril de 2018 Por
Así lo afirmó Raquel Asensio, secretaria letrada de la Defensoría General de la Nación al exponer en el debate sobre la ley del aborto legal y gratuito en el Congreso.
dipdebcom

Raquel Asensio, secretaria letrada a cargo de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación (DGN), expuso durante un nuevo debate sobre la ley del aborto legal y gratuito en el Congreso. También disertó Julieta Di Corleto, abogada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), master en Derecho y profesora de Derecho Penal en la UBA, quien además se encuentra a cargo de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia de la DGN.

Asensio manifestó que “los datos disponibles en el país estiman que se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos al año. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha reparado en que la posibilidad de que una mujer se someta a un aborto es independiente de que la práctica sea legal o ilegal. Desde esta perspectiva, es claro que la criminalización fracasa”.

La responsable del área de género de la DGN afirmó que “la ilegalidad genera grandes restricciones en derechos fundamentales de las mujeres porque obliga a quienes enfrentan un embarazo involuntario al dilema de optar entre la maternidad forzada -que constituye una injerencia inaceptable en la libertad y autonomía de las mujeres- o el aborto inseguro, que genera consecuencias desastrosas en su vida y su salud”.

Sostuvo que “la poca información disponible sobre procesos iniciados por aborto, pone de manifiesto que no existe un interés estatal real en perseguir el delito. Un relevamiento de la Comisión de Género sobre procesos por casos de aborto encontró que en cinco años se iniciaron 167 causas y se arribó sólo a dos condenas”, y que “sin perjuicio de que los procesos operan en sí mismos como castigo, la ausencia de condenas frente a la dimensión del aborto, demuestra que la criminalización también fracasa en su faz de prevención especial”.

Respecto a la penalización del aborto explicó que “el problema es que el uso del poder punitivo para imponer una determinada moral también se encuentra prohibido por nuestra Constitución Nacional” y además recordó que “cada vez son más los órganos internacionales que han aconsejado a los países, y de forma específica a Argentina, que deroguen las normas que lo penalizan”. 

Por su parte, Di Corleto, abogada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), master en Derecho y profesora de Derecho Penal en la UBA, realizó una historización de la criminalización del aborto. Su relato se basó en un estudio realizado sobre las decisiones judiciales en la ciudad de Buenos Aires entre 1886 y la actualidad.

Sostuvo que la prohibición legal de la interrupción involuntaria del embarazo no ha tenido incidencia alguna en la prevención; los jueces nunca estuvieron dispuestos a condenarlo; y los procesos penales por aborto siempre han alcanzado a las mujeres de bajos recursos. Esto en un lenguaje de derecho significa que la prohibición del aborto es violatorio del principio de igualdad y no discriminación y castiga a las mujeres pobres”, remarcó Di Corleto al ilustrar las respuestas dadas por los tribunales a lo largo de la historia respecto del aborto.

 Subrayó  que “en estos años, el proceso es el castigo” porque las denuncias, los exámenes médicos intrusivos, y las declaraciones apremiantes, entre otras cuestiones, implican una larga agonía estigmatizante por los tribunales, “la justicia no condena, pero las mujeres son castigadas”.

También remarcó que “después de este debate las mujeres de clase media o alta seguiremos abortando en condiciones seguras, como contrapartida, si ustedes como legisladores no abren un cuarto período en el que se reconozca que la maternidad no es un instinto, sino una opción, la penalización seguirá siendo un instrumento de discriminación para encarcelar a las mujeres sin recursos. La ausencia de aborto legal es una trampa que las empuja a prácticas inseguras”.

Para finalizar, Di Corleto agregó: “En este debate hay muchas cuestiones en juego: la afirmación de nuestra autonomía, la consagración de nuestros derechos sexuales y reproductivos, pero también la necesidad de reivindicar el derecho a la igualdad que solo la despenalización y la legalización podrán lograr”.

Fuente: Prensa Defensoría General de la Nación
Foto: Cámara de Diputados de la Nación

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