Declaración conjunta del Colegio Público de Abogados y la UEJN contra el ajuste

Judiciales 05 de septiembre de 2018 Por
Eduardo D. Awad y Julio J. Piumato firmaron un documento en defensa de la independencia del Poder Judicial y contra el ajuste presupuestario
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El Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Dr. Eduardo D. Awad, y el Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, firmaron un declaración conjunta en defensa de la independencia del Poder Judicial de la Nación y contra el ajuste presupuestario que, según afirman, amenaza con paralizar la Justicia.

A continuación transcribimos en forma completa el documento firmado por los representantes de los abogados y de los judiciales nacionales:

DECLARACION CONJUNTA

La Justicia argentina atraviesa una situación de precariedad de recursos que hoy la coloca al borde del colapso. En efecto, el crecimiento exponencial de requerimientos de intervención judicial -provocados en parte por el aumento demográfico de la población, pero principalmente por el incremento incesante de la demanda de justicia- ha llevado a los tribunales a un estado crítico. 

La crisis social del país coloca desde hace años a más del 30% de la población en situación de pobreza, derivando ello en múltiples conflictos que afectan a la mayoría de la sociedad, tanto en cuestiones patrimoniales, laborales, familiares, de violencia de género, hasta la situación de jubilados y personas con discapacidad que deben peregrinar por años para acceder a los derechos que la ley y la Constitución Nacional les confieren. Así como el recrudecimiento de los delitos de narcotráfico, la corrupción y otros llevados adelante por el crimen organizado, producto del fracaso del poder político en su  función de garantizar seguridad al conjunto de los argentinos.

Las limitaciones presupuestarias que padece la Justicia han impedido que se actualicen las plantas de personal al ritmo requerido por la realidad, o que se creen nuevos tribunales en número suficiente para responder a estar demandas. Por otro lado, la precariedad edilicia judicial a lo largo y ancho del país, afecta no solo la seguridad sino también la salud de los trabajadores y usuarios del servicio. Los hechos recientes de público conocimiento (contagios de tuberculosis, incendios en San Martín y en CABA, etc) son sólo muestras de esta realidad.

A ellos debemos sumar la ineficiencia del sistema de gestión informático, consecuencia de una desinversión de años, que en lugar de agilizar los trámites judiciales transforma la tarea administrativa en un verdadera carrera de  obstáculos.

Todo este cuadro resulta sostenido por la abnegada vocación de funcionarios y empleados judiciales, que luego asisten estupefactos a la lapidación mediática que condena salarios y ferias, tildando de privilegios a derechos  adquiridos, ignorando que sin su compromiso cotidiano, que va mucho más allá de cualquier obligación laboral, la  Justicia Argentina no sería posible.

Ante esta cruda realidad, la pretensión del Poder Ejecutivo Nacional de ajustar al Poder Judicial de la Nación y a los Ministerios Públicos con una reducción presupuestaria superior al 40%, nos coloca en peligro de paralización absoluta.

Resulta inadmisible que el gobierno intente trasladar al PJN sus propios desmanejos en materia económica, cuando es el Poder Judicial la última esperanza del ciudadano ante la violación de sus derechos. Siendo ciertamente contradictorio que el PEN enarbole la bandera de la creación de 94 juzgados federales, fiscalías y defensorías-  fundamentales para un más eficiente combate al narcotráfico - o se jacte de la implementación del nuevo Código Procesal Penal - que conlleva necesarias inversiones edilicias-, para luego condicionar funcionalmente a la misma Justicia que dice reforzar.

Por lo expuesto, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Unión de Empleados de la Justicia Nacional RESUELVEN:

1)Rechazar cualquier limitación o recorte presupuestario que implique un riesgo de paralización del sistema de  Justicia.

2)Reclamar el incremento de presupuesto necesario para garantizar las necesidades actuales del Poder Judicial y  los Ministerios Públicos de la nación, y las que requieran los nuevos tribunales a crearse o las reformas procesales en marcha.

3)Dejar en claro que cualquier ajuste a la Justicia por parte de otro poder del Estado significa una flagrante violación a  la independencia del Poder Judicial, afectando el sistema republicano de gobierno consagrado por nuestra  Constitución Nacional, verdadera garantía de la vigencia de una sociedad democrática.

4 Declarar a las entidades firmantes en sesión permanente frente a esta amenaza, respaldando a la Corte Suprema de  Justicia de la Nación como cabeza de la defensa de la independencia del Poder Judicial.

 

Firman: Dr. Eduardo D. Awad (Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal)

               y  Julio  Juan Piumato (Secretario General de la U.E.J.N.)

 

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