Por las graves lesiones causadas a un joven por su orientación sexual deberán hacer tareas comunitarias

Judiciales 20 de noviembre de 2018 Por
Son siete jóvenes que admitieron la agresión y firmaron con la fiscalía un acuerdo de juicio abreviado que incluye 96 horas de tareas no remuneradas y una pena de 3 años de prisión en suspenso.
procuracion

Tras alcanzar un acuerdo de juicio abreviado firmado con la Fiscalía, siete jóvenes que están acusados de agredir a otro en un lugar de comidas rápidas en Capital, aceptaron su responsabilidad en la agresión. Acordaron con el fiscal Fernando Fiszer una pena de tres años de prisión en suspenso por haber cometido el delito de “lesiones graves calificadas por haber sido cometidas con odio hacia la orientación sexual” y a realizar tareas comunitarias.

Los hechos ocurrieron el 1° de diciembre de 2017, alrededor de las 06:30 de la mañana, en el momento en que la víctima se encontraba con un amigo en el Mc Donalds de la avenida Córdoba al 3800.
Los siete imputados ingresaron al local y tras un breve diálogo comenzaron a agredirlo por su orientación sexual.  Ante esta situación violenta, el amigo de la víctima comenzó a los gritos y este aprovechó para huir.
Asistido por varias personas y trasladado luego al Sanatorio Güemes, le diagnosticaron traumatismos en ambos ojos; fractura de piso y cara interna de la órbita derecha; rotura y fisura de los dientes centrales; distensión muscular; y excoriaciones y hematomas en el cuerpo.
Como consecuencia de la agresión sufrida, comenzó a sufrir ataques de pánico, lo que lo llevó a someterse a un tratamiento psiquiátrico y psicológico.

Más allá de los testimonios obtenidos, también se obtuvo una filmación donde se pudo observar la agresión.

El fiscal no solo solicitó que sean condenados  a tres años de prisión en suspenso, sino que consideró que deberán realizar 96 horas de trabajo no remunerados en el Bachillerato Popular Trans “Mocha Celis”, en la Casa Trans y en el Servicio de Endocrinología del Hospital Fernández. Por último pidió que se disponga que concurran al curso sobre “Discriminación y Derechos” dictado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Las fiscales a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), María Paula Asaro y Mariela Labozzetta, solicitaron en julio de este año la elevación a juicio basándose en que correspondía juzgar el hecho bajo el agravante de odio a la orientación sexual.

Consideraron que “los actos de violencia contra las personas LGBT, comúnmente conocidos como ‘crímenes de odio’, actos homofóbicos o transfóbicos, se comprenden mejor bajo el concepto de violencia por prejuicio contra las orientaciones sexuales y las identidades de género no normativas”.
Explicaron que la violencia por prejuicio es un fenómeno social dirigido contra grupos sociales específicos y que envía “un mensaje de terror generalizado a toda la comunidad”.

Ahora será la jueza María Cristina Bértola, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 quien deberá decidir si homologa el acuerdo alcanzado entre los imputados y la fiscalía.

Fuente: Fiscales.gob.ar

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