Pidieron condenar a Carlos Menem y a Domingo Cavallo por la venta ilegal del predio de La Rural

Judiciales 06 de diciembre de 2018 Por
Así lo solicito la Fiscalía General Nº3 ante los Tribunales Orales Federales.
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La Fiscalía General Nº3 ante los Tribunales Orales Federales, solicitó que se condene al ex presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem y a Domingo Cavallo, entonces ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación a las penas de cuatro años, y tres años y nueve meses de prisión, respectivamente.

La fiscal general Gabriela Baigún solicito esa condena por el delito de peculado, por haber intervenido en la venta ilegal del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Para la representante del MPF, la venta fue irregular y la operación se concretó a través “un trámite exprés”.

Se hizo hincapié en el rol de funcionarios públicos que detentaban al momento de los hechos, Carlos Menem, Domingo Cavallo, Matías Lucas Ordoñez y Gastón Ramón Figueroa Alcorta refiriendo que tenían un deber institucional en relación al bien jurídico protegido, donde solo ellos contaban con las facultades legales para vulnerarlo.

Cabe destacar que desde la Fiscalía se requirió que el predio de Palermo sea restituido al Estado nacional.

No solo se solicitaron condenas para Menem y Cavallo, sino que también, por peculado, se pidió penas de tres años de prisión, para Matías Lucas Ordoñez, presidente de la comisión de Venta de Inmuebles Estatales del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación y para Gastón Ramón Figueroa Alcorta, interventor de la Administración General de Inmuebles Fiscales. Asimismo, para el ex presidente de la SRA, Eduardo Zabalia, solicitó dos años y diez meses de prisión.

Para el MPF está acreditado que Menem, Cavallo y el entonces  interventor de la Administración General de Inmuebles Fiscales sustrajeron de la esfera de la administración pública nacional el predio de “La Rural”.

La fiscal Baigún sostuvo que el predio “costaba mucho más que el doble que el precio al que fue enajenado, remitiéndose a la pericia del Tribunal de Tasaciones de la Nación que lo valúa en más de U$S 62 millones”.

Asimismo, afirmó que “dicha sustracción fue materializada a través del decreto presidencial 2699 del 20 de diciembre de 1991, refrendado por el entonces ministro Cavallo, decreto que aprueba el boleto de compraventa ese mismo día entre Cavallo y el co-imputado Ricardo Agustín Carlos Zavalía, en su carácter de presidente de la Sociedad Rural Argentina, por la suma de 30 millones de dólares. La venta se perfeccionó a través de la escritura pública n°84 de la Escribanía General de Gobierno de la Nación  celebrada el 27 de mayo de 1992. Dicha operación se concretó a través de una venta directa, vulnerando el régimen jurídico aplicable, sin siquiera respetar las normas del procedimiento que regían las ventas de inmuebles estatales y a precio notablemente vil”.

“No cabe duda que es posible que la sustracción se realice, como en este caso, mediante actos jurídicos o contratos que impliquen que la administración pública disponga del bien. Pero no porque disponer del bien esté prohibido, no porque resulte prohibido haber vendido la Rural, sino por la forma en que fue vendida, que fue claramente irregular. Nadie está cuestionando ni lo hará la facultad privatizadora del gobierno de Carlos Menem durante los años noventa. No es que decidieron vender la cosa pública, es cómo se vendió, cuando esa cosa pública pertenecía a su custodia”, enfatizó Baigún.

Fuente: Fiscales.gob.ar

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