Macri impulsa la extinción de dominio en delitos de corrupción y crimen organizado

Judiciales 21 de enero de 2019 Por
Mediante un DNU, avanzará por esta vía sobre los bienes provenientes de delitos graves. La medida se adopta ante el estancamiento de los proyectos en el Congreso
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El presidente de la Nación, Mauricio Macri anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual se avanzará en la extinción de dominio de aquellos bienes que se presuman provienen de delitos graves como la corrupción y el crimen organizado.

Dispuesto a enviar una señal inequívoca a la Sociedad, y ante la indefinición de un Congreso donde los proyectos en este tema están estancados, el primer mandatario ordenó impulsar esta medida.
En un breve discurso brindado en Casa de Gobierno, y acompañado de los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que irá contra los criminales y que estos tendrán que devolver lo que se llevaron ilegítimamente. Y advirtió “Que sepan que en la Argentina hoy, el que las hace las paga".

De lo que se trata es del dinero, campos, casas, barcos, autos e inclusive obras de arte, que serán subastadas y lo obtenido será destinado a políticas públicas.

Por su parte Garavano dio algunas precisiones sobre el DNU. Se trata de “un proyecto que es enteramente civil a diferencia del proyecto del Senado, avanza con algunas regulaciones específicas para el Código Procesal Civil y Comercial y asigna competencia al fuero civil y comercial federal y a la Justicia que tiene competencia civil federal en el interior del país, porque no son solo casos de Capital Federal, sino muchos casos de narcotráfico que están extendidos por todo el país”, aseguró.

Agregó que es un régimen amplio destinado a combatir a las mafias y a las organizaciones criminales, incluyendo la corrupción, la trata de personas, la pornografía infantil y el narcotráfico. 

La ministra de Seguridad afirmó que en estos años de gobierno ha decomisado 23 mil millones de pesos en drogas, en campos, pero que es un porcentaje mínimo de lo que podrían haber hecho si hubiesen tenido este mecanismo (refiriéndose a la extinción de dominio).

El decreto prevé la creación de una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional (PEDEN), que formará parte de la estructura de la Procuración General de la Nación , la cual será la encargada de llevar adelante las investigaciones preliminares y junto con los fiscales, presentar las demandas e impulsar las acciones.

La página web del Ministerio de Justicia y DDHH, explica más en detalle los alcances del DNU que a continuación transcribimos para un más claro entendimiento del tema:

·         Los bienes incluidos serán todos aquellos susceptibles de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten propiedad y otros derechos o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria. También los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes mencionados.

·         Los delitos abarcados por el régimen de extinción son los de la ley 23.737 de estupefacientes, el contrabando de estupefacientes, precursores químicos y de armas, el amedrentamiento coactivo a particulares, gobiernos u organismos internacionales, la corrupción de menores, el proxenetismo, la distribución de pornografía infantil, la trata de personas y el secuestro extorsivo.

·         Asimismo el fraude a la administración pública de un funcionario, el cohecho y la malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, las exacciones Ilegales y el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.

·         Por otra parte, serán alcanzados por la norma delitos como el encubrimiento, los balances e informes falsos agravados, los delitos contra el orden económico y financiero y ciertas asociaciones ilícitas.

·         Durante la sustanciación del proceso, la administración de los bienes estará a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) mientras que el dinero en efectivo será administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

·         Se introduce la posibilidad de que el Ministerio Público desarrolle programas de colaboración de personas que aporten información bajo identidad reservada, el colaborador eficaz, fijando una compensación de hasta el 10 por ciento de los bienes a los que se le extinguiría el dominio.

 

Fuente: Ministerio de Justicia/ Casa Rosada

Fotografía: Casa Rosada

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