La Corte Suprema reconoce el derecho de una familia a acceder a una vivienda digna

Judiciales 06 de marzo de 2019 Por
Dejó sin efecto un fallo del Tribunal Superior porteño que desestimó el pedido de una familia que había perdido su vivienda tras un incendio
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió dejar sin efecto una sentencia del Tribunal Superior de Justicia porteño, que había desestimado el pedido de una familia para que se le entregara una vivienda luego de perder la suya en un incendio.

El caso fue impulsado por la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires y contó con la intervención de la Defensoría General de la Nación, a partir de un pedido del Máximo Tribunal.

La causa se originó en 2009  luego de un incendio que provocó la destrucción de varias viviendas en el barrio Los Piletones (CABA), entre las que se encontraba la de Candia Acosta, quien vivía con sus tres hijos- dos de ellos menores de edad.
La Corporación Buenos Aires Sur S. E. (una sociedad del gobierno porteño) asumió el compromiso de entregar viviendas a las familias afectadas, pero en el caso particular de Acosta, desconoció luego  que ella y sus hijos estuvieran incluidos en el grupo al que le correspondía.

Esto motivó a una acción de amparo en contra el Estado porteño para que cumpliera con lo establecido en el Convenio.
Por su parte el gobierno de la Ciudad  argumentó que la mujer, a pesar que figuraba en el censo de relevamiento de condiciones del hábitat, no resultaría beneficiaria  porque al momento del incendio no residía allí.

Tras la intervención de la defensa pública porteña, el Juzgado de Primera Instancia ordenó en 2012 que se brindara a la mujer y a su familia una vivienda. La Corporación y el Gobierno, en su condición de demandados, apelaron la decisión.
La Cámara de Apelaciones revocó la resolución de primera instancia, sosteniendo que ellas y sus hijos ya habían solucionado su problema de alojamiento por formar parte del grupo familiar de su hermano a quien se la había  dado una vivienda.

Esa decisión y la posterior desestimación del recurso de inconstitucionalidad por parte de la Cámara, llevó a que la mujer -patrocinada por la defensa pública de la Ciudad- elevara una queja y un recurso extraordinario federal ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Ambas presentaciones fueron rechazadas.

Ante ello, la defensa decidió presentar ante la CSJN un recurso de queja por recurso extraordinario denegado.

La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, planteó que los fallos de la Cámara y, posteriormente, del Tribunal Superior de Justicia, debían ser considerados “arbitrarios” porque en ambas instancias se eludió argumentar acerca de la fehaciente vulneración de derechos que se desprende del expediente judicial.

Finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo - que lleva la firma de  Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, calificó de arbitraria la decisión del máximo tribunal porteño, y dejó sin efecto la misma ordenando que se dicte “un nuevo pronunciamiento constitucionalmente sostenible”  por  considerar que se efectuó una “grave omisión” de los fundamentos que la defensa de Acosta había esbozado para dar cuenta que se trataba de dos grupos familiares distintos y que, por ende, debía adjudicarse una vivienda para ella y otra para su hermano.

Fuente: Ministerio Público de la Defensa

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