La Nación apoyará las obras para mejorar la infraestructura penitenciaria en Tierra del Fuego

Judiciales 31 de marzo de 2019 Por
Una vez finalizada y habilitada la obra, se darán cupos para el alojamiento de presos federales
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El Ministerio de Justicia y DD.HH. de la Nación y representantes de la provincia de Tierra del Fuego, firmaron un convenio por el cual se dará asistencia, asesoramiento y colaboración para avanzar en la elaboración de un proyecto de infraestructura penitenciaria que se ajuste  a las necesidades y requerimientos de la provincia.

El acuerdo firmado por Facundo Bargalló Banegas, jefe de gabinete de la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica, y el ministro de Gobierno y Justicia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, José Luis Álvarez, prevé que la construcción y la ejecución de la obra será financiado en su totalidad por la provincia.

El objetivo se enmarca en la optimización de la prestación del servicio de justicia, a la vez de enfrentar el crecimiento de la población carcelaria que actualmente supera en un 12 % la capacidad operativa de alojamiento ideal del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Cuando la obra esté finalizada y habilitada, la provincia entregará 30 cupos a la Nación, para ser utilizados para el alojamiento de presos federales.

La cartera de justicia está enfocada en efectuar grandes inversiones en infraestructura carcelaria como la construcción del Complejo Federal de Condenados de Agote en Mercedes, provincia de Buenos Aires y el Centro Federal Penitenciario Argentino –Coronda, en la provincia de Santa Fe, lo cual le aporta unas 1.600 plazas.

Además se avanza en la relocalización del Complejo Devoto y su traslado al nuevo Complejo Penitenciario Federal V de Marcos Paz, con capacidad para 2.240 internos.

También se trabaja en la aplicación de medidas alternativas a la pena privativa de la libertad para grupos vulnerables. Aquí se incluyen a las mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con problemas de salud o con discapacidad. Para estos casos se prevé la utilización de dispositivos de vigilancia electrónica.
En el país, hay más de 800 pulseras activas y 1.900 ya fueron entregadas a las provincias.

Fuente: Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación

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