Un fallo judicial sienta precedente en la lucha contra la tortura

Judiciales 03 de abril de 2019 Por
El tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, condenó a catorce funcionarios penitenciarios por la tortura y muerte de un detenido
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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, integrado por los jueces Marcelo Grosso, Orlando Coscia y Alejandro Silva,  condenó a catorce funcionarios del Servicio Penitenciario Federal por haber cometido el delito de imposición de torturas seguido de muerte al detenido Argentino Pelozo Iturri y por encubrimiento del crimen.

El hecho ocurrió en la mañana del 8 de abril de 2008, cuando al momento de retirar al interno de la celda del Pabellón 10 de aislamiento, un celador junto al personal de requisa y  el jefe de seguridad interna de la ex Unidad 9 del Complejo Penitenciario de máxima seguridad de la ciudad de Neuquén, le aplicaron tormentos de tal magnitud, que luego llevaron a su deceso.

En una sentencia que resulta de especial trascendencia por su implicancia en la lucha contra la impunidad de los hechos de tortura. los jueces impusieron severas penas a los responsables del crimen y a quienes lo encubrieron. Los montos de las condenas van desde la prisión perpetua hasta los tres años y medio de prisión para los distintos agentes según su grado de responsabilidad en los hechos.

Los magistrados hicieron  especial mención a la contribución que viene haciendo la defensa pública en la tarea de lucha y prevención contra la tortura. Y señalan que a diferencia de lo que ocurría con las visitas carcelarias protocolares de magistrados judiciales que sólo “firmaban el libro de visitas dejando constancia que allí habían estado”, desde la creación de los juzgados de ejecución sumado a la mayor participación e interés demostrado, particularmente, por los Sres. defensores oficiales y la creación de la Comisión de Cárceles, se generó una mayor concurrencia mayor a los lugares de detención, con acceso a las celdas, buzones y toda otra dependencia de las unidades que antes no eran recorridas, desconociendo como vivía el preso.

Las condenas resueltas por el tribunal fueron las siguientes:

1- El celador Carlos Roberto Vergara y los siete integrantes del cuerpo de requisa de la Unidad fueron condenados a prisión perpetua por el delito de imposición de torturas seguidas de la muerte de la víctima.

2-  Por el delito de omisión de evitar la comisión del delito de aplicación de torturas se condenó al ex director Héctor Oscar Ledesma a seis años y medio de prisión; al ex subdirector, José Roberto Sosa a seis años de prisión; y al ex jefe de seguridad interna y externa, Daniel Huemul, a siete años de prisión. Para el ex inspector de Región Gabriel Eduardo Grobli el Tribunal dispuso la pena de seis años de prisión por los delitos de encubrimiento doblemente agravado, por la gravedad del ilícito y por su condición de funcionario público, y omisión de denunciar.

3- Se impusieron penas de prisión e inhabilitación para ejercer su profesión contra el médico Juan Carlos Heredia y el enfermero Miguel Ángel Carrilao, que se desempeñaba en la unidad debido a la omisión de denunciar, doblemente calificado por la índole del delito ocultado y por tratarse de funcionarios públicos. El único absuelto fue el médico Mario Humberto Leyría.

El Tribunal libró oficio al Registro Civil y Capacidad de las Personas local para que se rectifique la causa de muerte consignada en la partida de defunción de Argentino Pelozo Iturri y que figure “tortura seguida de muerte” y no “muerte súbita”, y también ordenó notificar la sentencia a los familiares de la víctima.

Finalmente ofició al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para que garantice la presencia de personal médico y calificado para llevar a cabo exámenes periódicos a personas detenidas, según las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas; y al Cuerpo de Reconocimientos Médicos dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los fines de que arbitren los medios necesarios para que pueda contarse en el interior del país con peritos oficiales para la Justicia Federal.

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Fuente: Defensoría General de la Nación

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