Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios expresaron su malestar ante los cuestionamientos provenientes del  Poder Ejecutivo

Judiciales 07 de noviembre de 2017 Por
La institución que representa a magistrados y funcionarios nacionales y federales, consideró que se afecta la credibilidad de la sociedad en una justicia que adolece de la provisión de recursos.
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La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expreso su malestar ante las distintas afirmaciones que autoridades del Poder Ejecutivo efectuaron sobre la situación de Poder Judicial .

Lo hizo a través de un comunicado que lleva el número 107-2017 en  el que se  criticó el “desconocimiento de la realidad de un poder independiente”.

Cuestionaron la  referencia que se hiciera acerca de lo que percibe un ordenanza en concepto de sueldo, cuando en realidad ello dista de lo que percibe el grueso de los empleados judiciales y con lo cual afecta, según reconocen, la “imprescindible credibilidad de la sociedad en la Justicia”.

En relación al régimen de licencias, indicaron que son similares a las que existen tanto en el Poder Ejecutivo como Legislativo, y que estás no son la causa de los males que se atribuyen al Poder Judicial mientras que si lo son la carencia de medios, la cantidad de vacantes existentes que alcanzan al treinta por ciento, y a las necesarias reformas legales.

Por último sostuvieron que se “desconoce el enorme esfuerzo que realizan magistrados, funcionarios y empleados, para afrontar una tarea que adolece de la provisión de recursos básicos para su funcionamiento”. Y que la administración de justicia que es objeto de cuestionamiento, “es la misma que siempre dio respuesta a las necesidades de la sociedad en defensa de sus  garantías más esenciales”.


A continuación, transcribimos el comunicado completo:

 

Comunicado Nro. 107-2017 – Acerca de las sesgadas afirmaciones desde el Poder Ejecutivo

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresa su profundo malestar por las sesgadas afirmaciones que en el transcurso de esta semana efectuaron las más altas autoridades del Poder Ejecutivo, con desconocimiento de la realidad de un poder independiente, a cuyo prestigio social deben contribuir como obligación impuesta constitucionalmente.

La mera referencia a situaciones excepcionales como el sueldo de un ordenanza, distanciado por cierto del que percibe el grueso del estamento, es suficiente para afectar la imprescindible credibilidad de la sociedad en la Justicia.

Los males que se atribuyen al Poder Judicial no estriban en el régimen de licencias, que dicho sea de paso es similar a órganos del Poder Ejecutivo y a las Cámaras del Congreso de la Nación, sino a la incontrastable carencia de medios, a la cantidad de vacantes existentes, que alcanzan a un treinta por ciento, y a las necesarias reformas legales.

Se desconoce el enorme esfuerzo que realizan magistrados, funcionarios y empleados, para afrontar una tarea que adolece de la provisión de recursos básicos para su funcionamiento. No hay tal paralización de los tribunales en la feria, ni su horario se limita al fijado para la atención al público.
La administración de justicia que ahora se cuestiona, es la misma que siempre dio respuesta a las necesidades de la sociedad en defensa de sus garantías más esenciales. Es doloroso advertir que no se recuerde que en tiempos recientes fue la fortaleza y decisión de los jueces la que impidió el avasallamiento de la libertad de prensa y el resquebrajamiento institucional, que la población reconoció con muestras multitudinarias de apoyo.

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2017

María Lilia Díaz Cordero
Presidente

Néstor Guillermo Costabel
Vicepresidente

Marcelo Gallo Tagle
Secretario General

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