Suspenden el desalojo de una mujer de casi 80 años para evitar que quede en la calle

Judiciales 24 de noviembre de 2017 Por
Lo resolvió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial haciendo lugar a un planteo de la fiscalía.
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La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en su sentencia de fecha 14 de noviembre pasado, resolvió diferir el desalojo de una mujer hasta tanto se tomen las medidas conducentes para evitar que la fallida quedara en situación de calle.

Se trata del caso de Gloria M. Monarca, una mujer cercana a los 80 años de edad, quien apeló una resolución dictada  en el marco de su quiebra. En ella se había ordenado el lanzamiento del inmueble que habitaba. 

La fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, ante esta situación y bajo el peligro manifiesto de quedar en la calle, sostuvo que no podía  desconocerse el acceso a la vivienda como un derecho humano reconocido en el art. 14 bis CN, art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11.1. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,  art. 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (arts. 10 y 31).

La fiscal sostuvo que era admisible el recurso presentado por la Sra. Monarca, entendiendo además que no podía llevarse a cabo el desalojo sin  que previamente se llevaran a cabo las medidas pertinentes para evitar la consecuencia mencionada. Y recomendó que se le debía proveer  una vivienda alternativa o arbitrar los medios conducentes para obtener algún tipo de solución consensuada.  A tal fin, entendió que era necesario dar  intervención a los organismos estatales pertinentes.

Concluyó  que el proceso de desalojo debía respetar el cumplimiento de garantías establecidas constitucional y convencionalmente (en el art. 18 CN, art. 8.1., art 25 Convención Americana sobre derechos humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre derechos humanos y art. 14 Pacto Internacional de. Derechos Civiles y Políticos), tomando en consideración que las personas afectadas por dicho proceso se encuentran en situación de vulnerabilidad. Que un desalojo forzoso sin soluciones alternativas a la situación de calle, implica una violación a los derechos fundamentales y resulta incompatible con los requisitos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales.

En base a toda la fundamentación expuesta, la fiscalía planteó que el recurso era admisible y que el desalojo debía diferirse hasta que se tomaran la medidas que llevaran a la relocalización de la fallida.

La Cámara Comercial, finalmente resolvió haciendo propias las conclusiones vertidas por la fiscal general y ordenó diferir el desalojo.

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