Un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires da cuenta que las personas mayores a 60 años detenidas en las cárceles del ámbito provincial sufren graves problemas de salud durante su encierro y tienen serias dificultades para reinsertarse una vez cumplida su condena.

Según datos oficiales, en la actualidad se encuentran alojadas en estos establecimientos 42.000 personas, lo cual representa cerca del 50% de la población carcelaria a nivel nacional.
Del total de detenidos, 1172 tienen más de 60 años de edad. La mayoría son varones y solo el 5 % son mujeres.

La principal vulneración de derechos de este grupo es la falta de acceso a la salud. Enfermedades crónicas como hipertensión, afecciones respiratorias, SIDA , hepatitis C u otras  enfermedades hepáticas, van surgiendo durante el tiempo en que pasan detenidos.

En las mujeres, la situación es peor, dado que además presentan altas tasas de trastornos mentales, como ansiedad o depresión, a menudo vinculados con experiencias traumáticas anteriores.

La salud de los adultos mayores se deteriora rápidamente en las cárceles a causa de múltiples factores de riesgo, como las condiciones de detención, falta de tratamiento médico y acceso a medicamentos y franja etaria.

Otro grave problema que deben afrontar es el vinculado a su vida laboral. La falta de programas de capacitación laboral, en particular a aquellos vinculados al conocimiento de herramientas digitales y nuevas tecnologías, repercute en sus chances de reinserción laboral una vez que salen en libertad. 

También el informe considera los vínculos familiares y las reducidas visitas que reciben ya sea por el fallecimiento de sus mayores o la falta de recursos para poder concurrir a las cárceles por parte de sus familiares.

Ante ello, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino,  reclamó que se adopten “medidas urgentes” para lograr revertir esta situación, y pidió que se destinen los recursos necesarios para que los adultos mayores detenidos puedan acceder a un tratamiento de salud adecuado y a programas de capacitación que los preparen para el mundo laboral actual.

Fuente: Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires