En el marco de la pandemia de coronavirus, un gran número de detenidos por crímenes de lesa humanidad en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), realizaron pedidos de arresto domiciliario. Los mismos, se basaban en la posibilidad de contagio del COVID-19.

Frente a estos, la fiscal federal Angeles Ramos advirtió, en una serie dictámenes, que no corresponde la concesión del beneficio automáticamente por integrar el grupo de riesgo.

Ramos señaló ante varios tribunales, de las causas donde interviene, que esa condición no implica que deba buscarse un lugar alternativo para cumplir la detención, ya que actualmente esa institución implementa protocolos acordes a ese grupo poblacional para su resguardo y no hubo reportes de casos sospechosos intramuros.

En sintonía, enumeró las medidas que se están implementando en las cárceles para proteger la salud de los detenidos

Las medidas que se están implementando en las cárceles

Se destacan la restricción en la admisión de cualquier ciudadano que concurra a los establecimientos penitenciarios y que presente alguno de los síntomas de COVID-19; atención a detenidos por parte de los profesionales de la salud las 24 horas; el cumplimiento de las directivas de actuación acorde a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud; y que ante cualquier emergencia que no pueda ser canalizado en la institución se trate la urgencia por fuera, a través de la red de hospitales públicos.

El arresto domiciliario no es más seguro para los detenidos

La fiscal Ramos cuestionó el argumento de que el arresto domiciliario sea más seguro para los detenidos, ya que solo podrán recibir atención de urgencia.

Ello, radica en que las obras sociales que tiene la mayoría de los reclusos se encuentran con gran parte de los servicios suspendidos y con el resto de las consultas realizándose por correo electrónico.

También remarcó que, estando en el domicilio, las posibilidades de contagio no se neutralizan. Esto se debe al contacto que puede tener con personas que lo cuidan y que deben salir a la calle en busca de sus medicamentos y de su comida.

Los temores planteados por las defensas importan una “situación potencial, toda vez que no existe ningún reporte oficial de la existencia de algún caso sospechoso intramuros”, concluyó la fiscal.

Estadísticas

Desde el momento en que se dictó el DNU 260/2020, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad relevó 104 pedidos de prisión domiciliaria. De estos, solo fueron resueltos 58, habiéndose otorgado el beneficio a 17 personas, mientras que a 41 se les denegó esa posibilidad.

Respecto a las cuestiones para la solicitud, 19 argumentan como único motivo la edad, mientras que el restante agrega algún tipo de problema de salud.                                                         

Por otra parte, mientras que la Ciudad de Buenos Aires fue la jurisdicción que recibió más pedidos, Mendoza fue en la que más domiciliarias se otorgó, con nueve casos.

En cuanto a la mayoría de las situaciones que aún no fueron resueltas, los tribunales que intervienen ordenaron conformar juntas médicas con el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se produzcan, entre otras, nuevos informes o encomendarles nuevos en los casos en las que la junta ya está constituida.

Fuente: Fiscales.gob.ar