El Consejo de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo porteña presentó oportunamente una acción de amparo ante el Juzgado N°18 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad en el que pedía la intervención del Estado en forma inmediata ante el riesgo habitacional y de vulnerabilidad social que afrontaba una madre y sus hijos, víctimas de situaciones de violencia de género. Lo hizo en colaboración con el Programa de Atención de Inquilinos y las Coordinaciones Operativas de Promoción Social y de Salud.

El juez Marcelo López Alfonsín, haciendo lugar a la medida cautelar requerida, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que incorpore a la mujer y sus hijos, a las prestaciones de un programa para darle una solución en un plazo de dos días de notificado. Y además expresamente descartó que la solución pase por un régimen de paradores y albergues.

Dispuso que en caso que la ayuda pase por un subsidio, el mismo le deberá permitir que pueda pagar en forma íntegra el valor de la vivienda en condiciones de habitabilidad y de preservación de la unidad familiar.

La situación la mujer es muy complicada. No solo afrontó durante años episodios de violencia de género sino que presenta enfermedades autoinmunes y crónicas relacionadas con la violencia sufrida, lo que le impide desenvolverse en el mercado formal laboral.

El grupo familiar se enfrenta al riesgo de ser desalojados por no poder pagar el alquiler de la vivienda en la que se encuentra debido a que los ingresos que percibe no son suficientes para su subsistencia.

Por último se dispuso que el gobierno porteño deberá informar al juzgado el “tipo de programa en que se efectuó la inclusión y sus condiciones”.