La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó intervención en un caso que involucró a una madre que fue separada de sus dos hijos por una cuestionada decisión del Estado porteño.

Los menores fueron derivados a dos hogares durante casi dos meses.

Los hechos se sucedieron a partir que Miryan, quien vivía con sus hijos en la Villa 1 11 14 de CABA, perdió su trabajo a raíz de la crisis económica que afecta al país. En el mes de mayo de este año ingresaron a un parador y días después derivados a un hogar de la Ciudad.

Tras una serie de intervenciones estatales, en septiembre fueron ingresados los tres integrantes de esta familia en forma compulsiva a un hospital general de agudos. Desde ahí los menores se los derivó a dos hogares distintos, mientras que ella terminó en un hospital neuropsiquiátrico, del que pudo salir por sus propios medios.

Una vez afuera, Miryan comenzó su lucha para recuperarlos, y fue ahí que recurrió a la Defensoría del Pueblo.

El organismo puso a su disposición distintas áreas como el Programa de Patrocinio Jurídico Gratuito y Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables del Consejo de Derechos Humanos; la Coordinación Operativa de Promoción Humana, Adicciones y Salud Mental y el Programa de Atención de la Niñez, Adolescencia y Género.

El trabajo conjunto de todas ellas, permitió la revinculación familiar. Primero con las visitas entre hermanos y después el 24 de octubre con el encuentro de los tres miembros en el hogar donde se encontraba viviendo el más chico de los hijos.

Entre las acciones que se llevaron adelante para llegar a un final feliz para la familia, se destacaron los pedidos de informes enviados a los organismos intervinientes;las articulaciones establecidas con la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional interviniente; con el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; con los centros de salud intervinientes; por mencionar algunas de ellas.

Hoy el grupo familiar volvió a reunirse, se restablecieron los derechos de todos sus integrantes y, fundamentalmente, el Estado porteño tendrá que asumir su obligación de acompañar a la familia y redoblar sus esfuerzos para que ésta pueda continuar ejerciendo todos sus derechos.

Fuente: Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires