La Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial de la Nación, y en uso de sus facultades constitucionales, resolvió a través de la Acordada 21/2020, suspender durante el corriente año y de forma excepcional, la feria judicial del mes de julio respecto de todos los tribunales nacionales y federales.

La acordada que lleva la firma digital de sus cinco integrantes , Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y  Ricardo Lorenzetti, suspende el receso invernal en razón de las extraordinarias circunstancias de salud pública que atraviesa la Nación y sus implicancias en la prestación del servicio esencial de Justicia.

Los Ministros indicaron que es “posible prever que, una vez retomada la actividad presencial, se produzca un alto requerimiento del servicio de Justicia” por parte de quienes postergaron la realización de trámites ante los tribunales”.

En este sentido, se sostuvo que “en ejercicio de sus competencias propias como cabeza de este poder del Estado”, “tiene la facultad y el deber constitucional de adoptar, en el ámbito de sus atribuciones incluida la de superintendencia, las medidas apropiadas para aquellos actos de gobierno que, como órgano supremo de la organización judicial argentina, fuesen necesarios para asegurar de la forma más eficiente la debida prestación del servicio de justicia”.
Recordemos que en anteriores acordadas, se habilitó en gran parte del país la actividad judicial, respetando los protocolos que resguarden la salud no solo de los integrantes de la Justicia sino de profesionales y público en general.
En el AMBA la realidad es muy distinta a raíz de la propagación del COVID-19. No obstante ello se continúa prestando el servicio de justicia, aunque limitado a temas urgentes que no admiten demoras, y se prioriza el trabajo remoto.

De esta forma la Corte Suprema adopta una medida que ya había sido tomada por otras Cortes provinciales entendiendo que es necesario dar una respuesta excepcional a la situación extraordinaria que se está atravesando con la finalidad de que la prestación del servicio de justicia no sufra aun un mayor deterioro.