La titular de la Fiscalía Federal de San Carlos de Bariloche, Sylvia Little solicitó el desalojo de 133 familias que ingresaron y se asentaron en dos predios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ubicados en la localidad rionegrina de El Bolsón. El pedido de desalojo recayó ante el juez federal subrogante de esa jurisdicción, Gustavo Zapata.

La usurpación, denunciada por el director de la delegación “Bariloche” del INTA, Mauro Sarasola, se produjo entre el 20 y 25 de agosto pasado y afecta a la Reserva Forestal de Loma Medio. Las familias se instalaron a la vera del camino de acceso al mirador de Cabeza del Indio.

La Fiscalía Federal intentó sin éxito alcanzar un acuerdo con las familias en una reunión de conciliación en la que intervinieron además autoridades del INTA y el intendente de la Ciudad.

A pedido del INTA, la fiscalía requirió el desalojo al corroborar la existencia de un delito al entender que los ocupantes ingresaron en forma clandestina, con un proceder subrepticio evitando los controles de la custodia dispuesta en el lugar.
Para la representante del MPF, no hay duda que se está ante la presencia de un delito del tipo penal previsto por el art. 181, inc. 1° del CP [Código Penal], dado que las familias ingresaron clandestinamente a los predios, se instalaron, reclamaron como propias las porciones de terreno que cada uno de ellos demarcó unilateralmente para sí, sino que además desmantelaron parte de la flora silvestre, que se encuentra protegida por estar dentro de una reserva forestal, para hacer leña y calefaccionarse, provocando un serio impacto ambiental en el lugar.

Por otro lado, la fiscal Little pidió en su dictamen que las Secretarías de Desarrollo Social y de Tierras de la Municipalidad de El Bolsón, el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la Provincia de Río Negro y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación intervengan a fin de dar alojamiento a las personas que habrán de ser desalojadas.
En ese sentido sostuvo que se esta en presencia de un especial conflicto enmarcado en la seria crisis económica y habitacional que transita el país, no solo a consecuencia de la Emergencia Sanitaria vigente en virtud de la propagación del COVID-19 sino también producto de décadas de falta de políticas públicas serias en la materia.

Fuente: Fiscales.gob.ar