La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ordenó que se asignen a entidades con fines de interés público, aquellos bienes que sean secuestrados en casos de corrupción, narcotráfico, lavado de activos, entre otros.

Lo hizo a través de  la Acordada 2/2018 desde la cual se busca darle a esos bienes “una finalidad de utilidad pública” .

En sus consideraciones, los ministros subrayaron que es frecuente que en las causas penales se disponga que esos bienes, por distintos motivos, no puedan ser entregados a sus dueños. Y por ende resulta imperioso  asegurar su conservación y la preservación de su valor económico durante el proceso,  con vistas al eventual decomiso que se dicte con posterioridad.

La custodia y mantenimiento de estos, requieren la adopción de medidas que implican erogaciones públicas.

Por ello, sostuvieron, que  la Justicia debe asignarles una utilidad pública y por ende entregarlos a esas entidades para el cumplimiento de sus objetivos específicos.

Recordaron que las Acordadas  1/13 y 33/15, establecen que  los magistrados que intervengan en causas penales, donde corresponda el secuestro y decomiso de efectos, deberán inscribir -con carácter obligatorio e inexcusable- la información completa de todos aquellos bienes que se encuentren sometidos a decisión jurisdiccional únicamente en la "Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal".

La inscripción deberá efectuarse dentro de los de treinta (30) días de dispuesto el secuestro, decomiso o afectación de un bien a una medida cautelar en el marco de un proceso penal.

Dispusieron también que se publicarán los datos de los bienes inscriptos en esa Base, que se encuentren a disposición del Tribunal para su asignación, resguardando la identidad de sus titulares y los detalles concretos de su identificación, en consonancia con el requerimiento de confidencialidad previsto en el punto VI del reglamento aprobado por la acordada 33/15.

Finalmente, se decidió crear en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una comisión judicial para el monitoreo del cumplimiento de lo establecido en la acordada, que estará a cargo de los presidentes de las cámaras nacionales y federales, con competencia en materia penal.

Acordada completa y Anexo

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Fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación