Pidieron indagar a un concejal municipal y su pareja por irregularidades en la contratación de una sede para la ANSES

Judiciales El viernes
Los hechos están encuadrados bajo la figura de los delitos de administración infiel, cometido en perjuicio de una administración pública.
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En el marco de una causa donde se investigan presuntas irregularidades en el alquiler de un inmueble para la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la Fiscalía Federal de Corrientes, a cargo de Flavio Ferrini, solicitó las indagatorias de un integrante del Concejo Deliberante de esa ciudad, de su pareja -ex titular de la ANSES Corrientes-, su padre y la esposa de éste.

El inmueble estaba destinado al funcionamiento de una Unidad de Atención Integral (UDAI), de la Anses.

Según la investigación, debemos remitirnos al mes de abril de 2011, donde la jefa de la UDAI Corrientes, Natalia de los Santos, pareja del concejal, solicitó una nueva locación para el organismo con el justificativo de una “emergencia edilicia”, ya que pesaba un juicio de desalojo iniciado por el propietario del edificio.

A través de la modalidad de contratación directa, requirió de $1.152.000 para un total de 36 meses de alquiler, en cuotas mensuales de $32.000.

Luego de dos meses, los suegros de la funcionaria adquirieron un inmueble ubicado en la Av. Armenia 3850 de la ciudad de Corrientes, por el cual abonaron $585.943. El 18 de agosto de 2011, un día antes de que comenzara la apertura de ofertas, el matrimonio ofreció la propiedad por un valor  de alquiler mensual de $98.600 ($2.366.400 total), es decir, por un valor casi cuatro veces más del monto por el cual adquirieron el inmueble. Finalmente, la comisión evaluadora de la ANSES propició que se acepte la propuesta elevada por los suegros de la funcionara, “la única propuesta” recibida. El contrato se firmó en diciembre de 2012 por un valor de $1.752.000 con la intervención, por un lado, de Natalia Soledad de los Santos en representación de la ANSES y, por la otra parte, sus suegros.

 El fiscal Ferrini encuadró los hechos descriptos bajo la figura de los delitos de administración infiel, cometido en perjuicio de una administración pública (art.173, inc. 7°, en función del art.174, inc. 5).

El fiscal sostuvo en su presentación que existen pruebas suficientes para afirmar que los cuatros acusados “de manera directa llevaron a cabo un complejo plan orientado a lograr la locación del inmueble ubicado en la Av. Armenia 3850 de esta ciudad, para la ANSES (dependencia Corrientes Capital), bajo la simulación engañosa de una contratación directa”.

Fuente: Fiscales.gob.ar

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