La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 26 de junio como el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura a través de la Resolución 52/149

La finalidad es erradicar ese delito internacional y lograr la aplicación efectiva y universal de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes.

Se considera tortura a  “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

Es una grave ofensa a la dignidad humana, que genera trastornos mentales y secuelas físicas de diversa índole que pueden ser irreversibles y tardar años en manifestarse.

Los que han padecido estas prácticas, manifiestan un deterioro importante en su personalidad, en sus relaciones sociales y en su desempeño laboral.

La Convención prevé que los Estados deberán asegurar que sus respectivas legislaciones garanticen a las víctimas de tortura, la correspondiente reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible.

Los estados están obligados a investigar estos crímenes de manera imparcial y exhaustiva, y del mismo modo, brindar protección tanto a las víctimas como a sus familiares.

El Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD), es el organismo que defiende lso derechos humanos y realiza las acciones para combatir la tortura, llevar adelante el reclamo de justicia de las víctimas y crear conciencia en la población sobre sus efectos perjudiciales.

En 2010 se creó la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Hechos de Tortura y otros Hechos de Violencia Institucional (Resolución DGN 1650/10) y, en 2013, el Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación (Resolución DGN 928/13).

Dicha Unidad, desde su puesta en funcionamiento, registró 4.160 comunicaciones sobre hechos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes (2011-2017), de los cuales más de la mitad tuvieron lugar en contexto de encierro, mientras que el resto ocurrieron en la vía pública.

La Defensoría General de la Nación (DGN) cuenta con un Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos, a través del cual sus abogados brindan patrocinio jurídico gratuito a víctima en casos testigo de tortura o tratos inhumanos y degradantes.

Fuente: Defensoría General de la Nación