25 años de autonomía del Ministerio Público

Judiciales 23 de agosto de 2019 Por
La reforma constitucional de 1994 reconoció la autonomía funcional y la autarquía financiera de la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.
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El 22 de agosto se cumplieron 25 años de la reforma a nuestra Constitución Nacional de 1994.
La Convención Constituyente reunida en la ciudad de Santa Fe, aprobó la última reforma constitucional. Las anteriores modificaciones al texto original de 1853 habían tenido lugar en 1860, 1866, 1898 y 1957.

Se introdujeron importantes modificaciones tanto en la parte dogmática cuanto en la parte orgánica de la Constitución. Se incorporaron los nuevos derechos y garantías (medioambientales, de usuarios y consumidores, etcétera), herramientas constitucionales para la salvaguarda de los derechos como la acción de amparo y el habeas corpus y, se otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos.

La incorporación del artículo 120 implicó el reconocimiento constitucional de la autonomía funcional y la autarquía financiera del Ministerio Público, como órgano bicéfalo cuyas cabezas serían el/la Procurador/a General de la Nación y el/la Defensor/a General de la Nación.

Fue un verdadero cambio de paradigma en el interior de la defensa pública, el cual fue perfeccionado cuatro años más tarde con la aprobación de la primera ley orgánica del Ministerio Público nº 24.946.

La autonomía aseguró a los defensores pasar a integrar una estructura absolutamente separada en lo funcional y en lo presupuestario de la de los jueces y los fiscales. Dejaron de cumplir un rol de meros “auxiliares de la justicia” para pasar a convertirse en un cuerpo calificado de abogados garantes del acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de la sociedad y libres de cualquier interferencia ajena a su estructura.

El modelo escogido se convirtió en un verdadero modelo a nivel mundial y local, al punto que distintos países optaron en los años subsiguientes por dotar de jerarquía constitucional a las defensorías públicas, reconociendo al mismo tiempo su independencia institucional, funcional y financiera.

Fuente: Defensoría General de la Nación

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