La iniciativa del Ejecutivo de buscar esta semana la  aprobación en el Congreso del proyecto de reforma jubilatoria para magistrados y funcionarios del Poder Judicial, ha provocado la reacción de todos los sectores de la Justicia.

Las asociaciones que representan a los distintos estamentos judiciales intentan contra reloj, demostrar que la modificación que se propone es desacertada y solo llevará a un conflicto de impredecibles consecuencias.

Más allá de las renuncias de magistrados y funcionarios, que ya están siendo presentadas, para acogerse al actual régimen jubilatorio, está el daño irreparable que ocasionará a los empleados, quienes serán excluidos definitivamente de la única posibilidad que tienen de ingresar a la 24.018 a través del cargo de prosecretario administrativo (que se elimina con la reforma).

Y es que, como aseguran desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, el 80% de los judiciales acceden a la jubilación ordinaria mientras que  solo el 20% lo hace con el régimen especial.

Para superar el conflicto, el martes de la semana pasada, la U.E.J.N. presentó, con la firma del Diputado Nacional José Ramón, un proyecto de reforma de la ley 24.018, por el que se busca incluir a todos los trabajadores judiciales en esa norma, y ampliar el aporte jubilatorio al 15% (4 puntos más que el resto de los trabajadores). De esta manera, afirman, habría un extraordinario incremento de la recaudación ya que todos aportarían desde su ingreso a la Justicia.

Para despejar cualquier duda sobre ello, sostienen que el promedio de los trabajadores ingresa a la Justicia entre los 18 y 25 años. Esto implica que si la edad jubilatoria se extiende a los 65 años, y el aporte fuera del 15%, el sistema estaría recibiendo entre 40 y 45 años de aportes, con lo cual sería suficiente para solventarse.

En apoyo de  la propuesta y para demostrar la unidad de todos los judiciales, la Comisión Directiva del gremio resolvió convocar a una masiva movilización al Palacio de Justicia este jueves 27 de febrero a partir de las 10 horas con cese de actividades. Ese mismo día está previsto que Diputados debata el proyecto de reforma judicial.