El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, a través de la resolución PGN27-2020, instruyó a los fiscales federales con competencia penal para que  soliciten las medidas cautelares que aseguren el decomiso de los vehículos utilizados en infracción a las normas destinadas a proteger a la salud pública en relación al COVID-19, como así también para que velen por su guarda y conservación.

La decisión se adoptó atento a las distintas situaciones que se vienen presentando en el marco de la pandemia global y la emergencia sanitaria nacional declaradas por la propagación del Coronavirus, en especial, con lo relacionado a la aplicación de la ley penal por las conductas de quienes infringen el deber de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/20 desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive.

La Procuración General de la Nación pudo determinar que el accionar de las fuerzas de seguridad, en su tarea de fiscalizar las medidas de aislamiento y distanciamiento, arrojaron que la mayor parte de las infracciones  penales se producen por conductores de vehículos que agravan los riesgos de propagación del COVID-19.

Esta medida, además del secuestro preventivo de los vehículos que dispone el artículo 4° del decreto 297/2020, les da a los fiscales federales un marco jurídico para que los bienes permanezcan cautelados durante el trámite del proceso penal y, eventualmente, puedan ser decomisados en favor del Estado Nacional o estados provinciales, según corresponda. 

Fuente: Fiscales.gob.ar / Imagen:Gobierno de la Ciudad