En la provincia de Mendoza, y en el marco de la pandemia por COVID-19, las personas que sean detenidas por incumplir con el aislamiento obligatorio tendrán que cumplir tareas sociales. 

Según lo resuelto por la Justicia provincial, será para detenidos que no tengan antecedentes penales, quienes deberán realizar trabajos gratuitos en hospitales, comisarías o municipios.

Esta disposición fue explicada a Télam por el Procurador General de la Provincia, Alejandro Gullé, quien agregó que para aquellos que tengan antecedentes “habrá prisión efectiva, con penas que van de seis meses a dos años de prisión”.

"Dispuse analizar cada caso en particular y se podrá aplicar la suspensión del juicio a prueba y la regla de conducta, con trabajo gratuito para el Estado, preferentemente en hospitales públicos o centros de salud, municipalidades o escuelas en el reparto de comidas o hasta en comisarías y oficinas fiscales", explicó el jefe de fiscales.