Inquilinos denuncian que no se cumple el decreto que congela los alquileres

Ciudad 06 de mayo de 2020
Hubo inmobiliarias en la Ciudad que quisieron imponer aumentos de hasta el 100% en la renovación de contratos.Así lo revela un informe de la Defensoría del Pueblo porteña.
alquileres

La Defensoría del Pueblo porteña informó que de las 620 consultas recibidas por el Programa de Atención a Inquilinos, entre el 20 y el 30 de abril, prácticamente la mitad estuvieron vinculadas con la dificultad para afrontar pagos y al incumplimiento del decreto que protege el acceso a la vivienda durante la emergencia sanitaria.

Según lo indicado  en el informe, "el 25% de las consultas tuvo que ver con inquilinos que terminan su contrato y se les exige firmar uno nuevo, con aumentos entre el 50 y el 100%, en violación a la prórroga por 180 días establecida por el Decreto 320/20”.

En algunos casos, inclusive, “se utiliza el decreto para proponerle al inquilino que este aumento lo pague después del 1 de octubre”, mientras que, en otros casos, “le ofrecen seis meses de contrato (que es la prórroga que por derecho puede tomar el inquilino) con un aumento superior al 30% y luego “volver a conversar””.

Por otra parte, las dificultades para afrontar el pago del alquiler, representó el 20% de las consultas. Se dieron casos de “inquilinos que pidieron préstamos para pagar abril, que hicieron abonos parciales, o bien que sufrieron una caída de hasta el 50% de sus ingresos o que directamente perdieron su trabajo y, ante la imposibilidad de pago, piden a las inmobiliarias terminar los contratos”.

Un 14% de las demandas estuvo vinculada a la “la negativa a bancarizar el alquiler (con recargos de hasta el 21%) y la retención indebida del depósito de garantía luego de dos meses de reclamos”.

Solo “un 12% estuvieron vinculadas al deterioro de los inmuebles (arreglos, humedad, luz de obra, corte de gas), indicaron desde la Defensoría.

Las problemáticas restantes por las que se consultó al Programa de Atención a Inquilinos se enmarcaron en “pedidos de autorización para mudanza, consultas por imposibilidad de pago en locaciones comerciales o profesionales sin actividad económica, el valor de las expensas, y amenazas de desalojo por falta de pago en pensiones, hoteles y residencias estudiantiles”.

 Fuente: Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

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