Ya ha pasado un tiempo contundente desde la sanción del Dto. 297/20 que entrara en vigor el día 20 de marzo del 2020, y que impusiera en la República Argentina el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio fundado por la existencia del COVID-19 en nuestro país. 

Desde aquel entonces, la Justicia a través de una decisión adoptada por la Corte Suprema Nacional de Justicia, se encuentra en una “Feria Extraordinaria” que impide a la ciudadanía en su conjunto el desarrollo normal de causas particulares. 

En los medios de comunicación audiovisual, se viene sosteniendo por error o desconocimiento parcial que la Justicia estaría funcionando de forma remota y electrónica. 

Lamentablemente esto no solo que está por muy lejos de ser la realidad que adolece a los abogados y sus defendidos, sino que además infundan innecesariamente una conflictividad latente entre clientes y letrados debido a que los primeros creen que las paralizaciones de sus causas se deben a la inactividad del abogado y no a la propia de la Feria Inhábil Judicial.  

Los abogados en la República Argentina, ni siquiera tienen permiso para circular. El único parche de facto que hubo para esto, fue implementar un permiso dual, entre un certificado expedido por los Colegios de Abogados y el Permiso Oficial por Fuerza Mayor. 

Orientándonos al plano de la Justicia del trabajo hay ciertos dilemas y desafíos que uno personalmente con la relativa experiencia de haber transitado el fuero se pone a reflexionar de cara a cómo va a ser ese futuro, quien sabe si cercano o lejano, en que se deberá efectuar la salida del COVID-19. 

Lo primero que hay que observar es el falso dilema de que la Justicia, a nivel general en CABA y provincia de Buenos Aires pudiera cumplir con los recaudos y reformas nuevas que se necesitarán para abarcar niveles mínimos de salubridad y orden propios para un efectivo protocolo de distanciamiento social. 

Es conocida la situación crítica de muchas de las estructuras edilicias que albergan varias dependencias Judiciales. En razón de esto se hace difícil creer que se pueda llegar a cubrir expectativas de niveles mínimos de salubridad y orden, a fin de que puedan adaptarse dichos establecimientos a los desafíos de una restructuración que perseguirá el desarrollo de las normales actividades de procuración judicial en cumplimiento de protocolos que propicien el correcto distanciamiento social. 

Aquí el dilema a resolver es salir de la conjetura lógica de pensar de quien “no pudo lo menos, necesariamente no podrá lo más”. 

El desafío respecto este dilema, será si realmente la Justicia Laboral estará a la altura de la adaptación compulsiva a la modernidad que nos insertó sin premeditarlo un virus de pandemia. 

Expediente digital, firma electrónica, SECLO Virtual, Audiencia por videoconferencia, Acuerdos con firma electrónica, Sorteo 100% remoto digital, etc. son viejos desafíos fuertemente resistidos por todos los actores que componen al servicio de justicia, es decir la Justicia misma y sus auxiliares entre los que nos encontramos los abogados, pero que en la actualidad ante la extrema necesidad son la “bandera de la esperanza” de volver  a ejercer un servicio que para el Poder Ejecutivo y su Dto. 297/20 y la propia Corte Suprema de Justicia no es esencial.   

Otro dilema a resolver, será si las modificaciones que hoy atienden contingencias llegaron para quedarse o si habrá modificaciones estructurales a las leyes procesales y las que regulan el SECLO. El desafío sería en este caso, lograr vencer el estado de confort que produce el tentador “Status Quo”. 

Finalmente hay un dilema muy controversial que encierra una incertidumbre latente, ¿Qué va a pasar con la catarata de juicios laborales y la administración eficaz de justicia?

El desafío que conlleva este fenómeno partirá de entender que luego del COVID-19 la sociedad se encontrará literalmente rota. Muchas empresas dejarán de existir, generando juicios de sentencias incobrables. Otras empresas correrán a iniciar procesos concursales y devendrán en indemnizaciones aminoradas en detrimento de los Derechos del trabajador.

El desafío respecto a esta situación que nadie quiere mencionar pero que con toda seguridad se viene, es ¿Qué postura va a tomar la Justicia en cuanto al tiempo de tramitación de juicios, y el criterio de ponderación? 

Básicamente, esto implica un desafío de parte de la justicia de romper el promedio de que un juicio dure 7 años, y a su vez definir qué postura será la preponderante. Esto es si la ponderación del contexto sostendrá una postura tuitiva como la norma de fondo lo establece, o si excepcionalmente la postura será más restrictiva.   

La Justicia Laboral en la República Argentina, no venía funcionando para nada bien antes de la pandemia. Con la pandemia se encuentra inmovilizada. A pesar de lo que muchos creen, la Justicia Laboral solo se encuentra resolviendo los amparos por reinstalación promovidos por los trabajadores que hacen ejecutoriar la prohibición de despedir. 

El verdadero desafío será reivindicar en actos como se encontrará la Justicia al salir de la Pandemia COVID-19. 

Por Sergio Omar Rodríguez.

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