En el año 2016, el Consejo de la Magistratura de CABA junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación firmaron un Convenio Marco de Asistencia y Colaboración, por el cuál se comprometieron a realizar actividades conjuntas tendientes a promover y articular acciones que fortalezcan los derechos de las personas con discapacidad, contribuyendo a garantizar el acceso a la justicia.

En el Convenio, se asegura que en todos los procesos judiciales se brindará asistencia técnica especializada dirigida a las personas con discapacidad.

En este marco, se realizó un encuentro en modo remoto, que tuvo por principal objetivo avanzar en los lineamientos previstos para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual.

Este protocolo, dirigido al personal que trabaja en la administración de justicia, incluyendo a las fuerzas de seguridad y personal penitenciario que intervienen en todos los procedimientos judiciales, fue elaborado conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Además, la información y la comunicación serán aspectos que también se abordarán. En este sentido, el lenguaje empleado tendrá que considerar las características culturales, socioeconómicas o de cualquier otra índole PCDI intelectual y deberá ser claro, coloquial, concreto, con términos y estructuras gramaticales sencillas desprovistas de componentes que puedan resultar intimidatorios.

Asimismo, se establecen lineamientos respecto de las notificaciones, firmas, audiencias, sentencias, denuncias, mediaciones – conciliaciones, y cámara Gesell.

Por último, se establecen pautas para abordar el caso de las Pericias a personas con discapacidad intelectual.

En el encuentro participaron el titular del Juzgado n.° 10 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Casas, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Francisco Quintana; la Coordinadora Nacional del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de la Justicia (ADAJUS), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Mabel Remón; la secretaria de Políticas Judiciales, Gisela Candarle; como así también, funcionarios y funcionarias de distintas áreas del organismo.

Fuente: Ijudicial.