Los representantes del Ministerio Público de la Acusación del Poder Judicial de Santa Fe, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, adelantaron en una audiencia preliminar ante el juez Luis Octavio Silva que solicitarán penas de nueve años de prisión para dos ex jefes de la policía provincial investigados por liderar una asociación ilícita que se dedicaba a hacer figurar reparaciones y compras de repuestos para vehículos policiales.

El delito por el que son acusados es el de asociación ilícita en carácter de jefes, en concurso real con la coautoría de defraudaciones en perjuicio de la administración pública.

Además, de la prisión preventiva que están requiriendo para uno de ellos ( el otro ya la está cumpliendo en su domicilio por razones de salud), pedirán para ambos que se les imponga una inhabilitación especial por 10 años para ocupar y para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos –a cada uno– por la comisión de ilícitos con ánimo de lucro.

Los fiscales como fundamento de la pena y la medida cautelar solicitada, sostuvieron que los acusados fueron la máxima autoridad de la policía en toda la provincia y que esta particularidad los obligada no solo a hacer cumplir la ley sino también a que ellos mismos la acataran,

Cómo fueron los hechos según lo explican los fiscales:

Según explicaron la modalidad delictiva consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y compras de repuestos que no se adquirían. Los dos acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima.

En esta organización había civiles involucrados, que emitían facturas por las presuntas reparaciones y compras de repuestos. Estas eran presentadas al Habilitado de la Policía, quien emitía las órdenes de pagos específicas a través de cheques.

Una vez que los talleristas y comerciantes cobraban los cheques, le entregaban parte de ese dinero en efectivo al Habilitado quien se lo daba al jefe provincial, y este luego decidía sobre el reparto del dinero para con sus subalternos.

Además de los dos ex jefes acusados, hay otras nueve personas que ya fueron condenadas –cinco de ellas a penas de cumplimiento efectivo– en juicios en los que se abreviaron los procedimientos. Los condenados, tal como indican los fiscales, admitieron la existencia de los hechos y su culpabilidad.

Hernández y Jiménez remarcaron que se logró la recuperación de más de cinco millones de pesos en concepto de reparación económica, donaciones y multas.

Según destacan, esta exitosa investigación fue iniciada por el fiscal Roberto Apullán en mayo de 2016 a partir de una presentación que hizo en el Ministerio Público de la Acusación, quien era ministro de Seguridad de la provincia en ese momento, Maximiliano Pullaro, el que en su denuncia indicó que se anotició de las maniobras ilícitas a partir de un documento dejado en un sobre cerrado en una oficina del ministerio provincial.

Fuente: Ministerio de la Acusación - Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe
Foto: Fiscales  Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez