La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Nación a raíz del impacto que provocó en el ambiente el humo de los incendios en el Delta del Paraná, del que fueron afectados diferentes municipios de Buenos Aires, Santa Fé y Entre Ríos y exigieron que se los sume a la causa en la que se investigan las responsabilidades de este hecho. 

En este sentido, se postularon como amicus curiae ante el máximo tribunal y pidió que se realice una audiencia pública para abordar todas las aristas que conlleva este tema. 

Fue tras una iniciativa a cargo del presidente de ADPRA y Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor; y sus pares de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, y de Santa Fe, Raúl Lamberto. 

Las Defensorías argumentan su experiencia en materia medioambiental y que puede ser indispensable para ofrecer aportes a la investigación. 

Además, con el objetivo de que todos los actores involucrados den su punto de vista, solicitaron la realización de una audiencia pública, donde se garantice la participación ciudadana. 

“Ante la ausencia de la Defensoría del Pueblo de la Nación, una vez más desde ADPRA tomamos la iniciativa, porque es necesaria nuestra intervención en defensa de la salud de quienes viven en nuestro país y del ambiente”, aseguró Alejandro Amor. 

“El medio ambiente es uno, y todas las Defensorías del país coincidimos en la necesidad de participar. Por el momento nos presentamos sólo estas tres, porque representamos los derechos de las jurisdicciones directamente afectadas. Pero la decisión de intervenir es unánime. Los devastadores incendios en el Delta del Paraná son inaceptables, por eso ponemos a disposición de la justicia todas las herramientas de nuestros organismos de Derechos Humanos para la defensa de nuestra casa común”, concluyó el presidente de ADPRA. 

Por su parte, Lorenzino indicó que “no sólo estamos ante un hecho que afecta a la flora y fauna de esa región, sino que también provoca un daño a la salud pública de miles de personas. Hay un riesgo sanitario que debemos dimensionar y actuar para que no se repita en el futuro”, aseguró el Defensor del Pueblo bonaerense. 

En la misma línea, Lamberto recordó que en un primer momento “la Defensoría del Pueblo de Santa Fe solicitó ante la Corte Suprema ser amicus curiae en esta causa y que se convoque a una audiencia pública”, dijo y agregó: “Hoy con satisfacción nos sumamos a este pedido conjunto, frente al daño a la salud de las poblaciones y la afectación manifiesta al ecosistema”. 

Fuente: ADPRA / Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires