El 18 de agosto pasado, mediante el Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 679/2020, se aprobó un Acuerdo de Solución Amistosa suscripto entre el Estado Nacional y la Sra. Olga Rosario Díaz, víctima de violencia de género. 

El Acuerdo había sido suscripto el 23 de octubre de 2019, tras un proceso de diálogo que estuvo motivado por una comunicación internacional de la Defensoría General de la Nación al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). A través de ella se denunció al Estado argentino por imcumplir la obligación de debida diligencia reforzada para prevenir hechos de violencia de género, en particular en el caso de una tentativa de feminicidio de la que fuera víctima la Sra. Olga del Rosario Díaz .

La violencia por motivos de género que sufriera comenzaron en el 2002, fecha en la que intentó separarse de su entonces pareja, quien ejerció sobre ella distintas formas de violencia física y amenazas de muerte. Si bien estos hechos fueron denunciados y se inició una causa penal cuyo trámite estuvo paralizado durante quince años. 

Pero la situación se tornó más complicada cuando ella puso fin al vínculo en 2016 y se fue a vivir con su hija. El 2 de febrero de 2017 hizo la denuncia en contra de su ex pareja manifestando el temor que sentía por las amenazas de muerte que había recibido, pidiendo en consecuencia medidas de protección para ella y para sus hijos. 

El 24 de marzo de 2017, su ex pareja la apuñaló en su hogar, atacando además a su hijo que intentó defenderla, a los vecinos y al personal policial que intervino. La vícitma no contaba en ese momento con ningún dispositivo o medida judicial de protección a pesar de las denuncias que había hecho a lo largo de los años. 

El Acuerdo reconoce la responsabilidad internacional del Estado por el deficiente tratamiento judicial dado al caso de la Sra. Díaz. 

El Estado asume el compromiso de brindarle una reparación pecuniaria, cuyo monto será fijado por un tribunal arbitral. De incluye un pedido público de disculpas y el apoyo interdisciplinario integral por parte de distintas dependencias estatales. 

Por otra parte, también se prevé la adopción de medidas de no repetición, destinadas a mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. En este orden, el Estado argentino se compromete a:

1. Elaborar y publicar un documento con "Principios Generales de Actuación", dirigido a los operadores del Poder Judicial de la Nación y al resto de los actores que intervienen en la gestión de denuncias de violencia de género, a fin de generar buenas prácticas en la atención de este tipo de casos. 

2. Capacitar a jueces y personal policial sobre el deber de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género y sobre los efectos negativos que tienen los estereotipos de género en la tramitación de las denuncias. 

3. Convocar a organismos con competencia en la atención de casos de violencia de género para la formulación de un protocolo de articulación institucional. Ante la falta de un fuero especializado, con esta herramienta se pretende lograr una mejor coordinación de los organismos que intervienen en la gestión de las denuncias, para evitar la reiteración innecesaria de las declaraciones de las damnificadas y minimizar su revictimación; así como mejorar los canales de diálogo entre los distintos juzgados que atienden los reclamos. 

4. Incluir la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación, y confeccionar un registro público de denuncias presentadas contra magistrados/as por situaciones vinculadas con violencia de género, en el que conste el trámite que se les imparte.

5. Comunicar el Acuerdo de Solución Amistosa a los juzgados y tribunales con competencia en materia de familia o penal que intervienen en denuncias de violencia de género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Enlace para acceder al Decreto N° 679/2020 del Poder Ejecutivo de la Nación. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233690/20200818

 

Fuente: Defensoría General de la Nación