La Justicia Civil de Cipolletti, en Río Negro, aplicó el denominado “derecho al olvido” y ordenó a un banco suprimir la información de una clienta que figuraba como deudora irrecuperable. 

La situación en la que figuraba la mujer correspondía a una operación financiera que realizó hace más de cinco años, plazo que fija la Ley de Protección de Datos Personales para información crediticia.

El Banco Provincia del Neuquén S.A. la había calificado ante el Banco Central de la República Argentina como una deudora de “situación irrecuperable”.

Antes de acudir a la Justicia, la mujer envió una carta documento al banco para que suprimieran la información acerca de su situación financiera por una supuesta deuda del año 2013. 

Pero, al no tener respuestas de la entidad bancaria, interpuso una acción de habeas data en un juzgado Civil de Cipolletti, alegando que la deuda estaba prescripta y que esa información la perjudicaba.

Durante el trámite del habeas data, el banco tampoco respondió el requerimiento de la clienta, por lo que se hizo lugar a lo que fija la Ley de Protección de Datos Personales en su artículo 26.

Artículo 26 de la Ley

En su inciso 4, el artículo establece que “sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años”.

Tanto la Ley de Protección de Datos Personales como su decreto reglamentario consagraron legislativamente el denominado “derecho al olvido” disponiendo una limitación temporal en el tratamiento de los datos relativos a la solvencia económica financiera de las personas, afirmó el fallo. Ese es el plazo de cinco años que se aplicó en este caso.

“El derecho al olvido tiene el propósito de permitir la recuperación de aquel individuo que superó una situación adversa y procura reinsertarse en la actividad económica, circunstancia que resultaría prácticamente imposible si se permitiese que esta información se mantenga por un lapso indefinido de tiempo, ya que, como es de público conocimiento, es práctica generalizada que hoy en día, para efectuar cualquier solicitud de índole comercial, previamente, se suele requerir un informe crediticio de la persona en cuestión, obstaculizándose el acceso a créditos o la celebración de contratos en el caso de existir información negativa”, dice el fallo.

Como el banco no contestó la demanda, no quedó comprobado que se haya activado algún mecanismo para cobrar o ejecutar la deuda. Por ello, la sentencia consideró que no puede usarse esta situación para informar al cliente como irrecuperable.

Fuente: Poder Judicial de Río Negro.