El impacto económico que provocó la pandemia a raíz del Covid-19 afectó a la gran mayoría de las familias y a todos sus integrantes desde los niños hasta los más ancianos.

Pero de esto ya había precedentes. Antes de la pandemia los niños tenían el doble de probabilidades de terminar en pobreza extrema más que los adultos.

La inestabilidad laboral, falta de recursos para comprar alimentos, la contribución de los programas de transferencias sociales a la economía familiar, las estrategias de cuidado y las dificultades para sostener la educación, fueron factores claves para terminar de concretar el nuevo impacto económico que nuestro país iba a sufrir. 

Encuestas realizadas por Unicef indican que el 38% de los hogares de argentinos pasó por una inestabilidad laboral en el 2020. Crecimiento del desempleo, disminución de los puestos de trabajo, cambio de trabajo formal a informal, entre otros. 

También el 56% de las familias declaró que el salario era inferior a los meses previos a la pandemia. 

Debido a este contexto social, el estado debió salir en apoyo de los habitantes. El 39% recibió la tarjeta alimentar (una transferencia monetaria a los hogares con el fin de brindar una prestación mensual para la compra de alimentos), además de otros apoyos alimentarios. 

Sin embargo esto no evitó que un alto porcentaje de hogares se endeudara para hacer frente a la compra de alimentos.

Entre 2019 y 2020 según datos de INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) más de 2,5 millones de personas terminaron en la pobreza, a pesar de los esfuerzos para evitar los efectos de la crisis. 

Pero la brecha hubiese sido aun mayor sin las transferencias llevadas a cabo por parte del Gobierno Nacional. Se estima que habría aumentado 2,6 puntos más. 

Se llegó a impedir que casi 1,2 millones de personas terminaran en la miseria.

Aunque las políticas de transferencia fueron esenciales para enfrentar las condiciones de vida durante la cuarentena, las limitaciones estructurales para potenciar el crecimiento económico, sumados a la caída de actividad global, agravaron la emergencia social.

El CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) presentó propuestas que ayudarían a enfrentar la creciente pobreza en Argentina. Siendo la parte más compleja del problema, la vinculada con aquellos hogares con menos posibilidades de salir de esa situación incluso en periodos de crecimiento económico. 

Para lograr este objetivo, primero se necesita de una estrategia integral por parte del Estado Nacional, la cual debería de estar apoyada por movimientos y organizaciones sociales, sindicatos y empresas. 

Gala Díaz Langou, directora del programa de Protección Social de CIPPEC reclamó que “es necesario recuperar la estabilidad y la senda del crecimiento económico, pero eso es insuficiente para eliminar la pobreza. Incluso aunque la economía creciera a un 3% anual en los próximos cinco años, la pobreza no bajaría del 20%”. Hay una gran cantidad de argentinos que aunque tengan un trabajo no se encuentran en una situación económica favorable. Por ello es necesario reducir la pobreza estructural, como condición necesaria, aunque por si sola insuficiente.

Se debe prestar una mayor atención a proporcionar y ampliar las transferencias a las familias con niños, adolescentes y a políticas de seguridad alimentaria. 

El CIPPEC también plantea que es de suma precisión romper la creciente situación de personas en pobreza, mejorar condiciones de trabajo y asegurar el financiamiento para esto.

Finalmente será clave establecer niveles de inversión aunque sean mínimos, con un financiamiento que se de a través de un sistema de recaudación, el cual debe de ser gradual para que logre su función final.