Con la aprobación, en el día de ayer, del proyecto de responsabilidad penal, enviado al Congreso en octubre de 2016, la Argentina cumplirá con los compromisos internacionales asumidos al ratificar la Convención contra el Soborno Transnacional de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

El objetivo, es luchar contra la corrupción a través de incentivos para que las personas jurídicas cooperen con las autoridades e implementen programas de integridad. Cabe destacar, que dentro del sistema jurídico argentino, solo las personas físicas podían ser sancionadas o penadas por delitos de corrupción.

Asimismo, se aumentan las penas por delitos de corrupción y le permite a la justicia argentina juzgar delitos cometidos por empresas del país en el exterior. Además, se podrán realizar acuerdos de colaboración con las personas jurídicas a cambio de información, y de esta manera identificar a las personas físicas que cometieron los delitos, ya sean del sector público o privado.

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, sostuvo que esta ley “es un gran avance, ya que hablar de transparencia e integridad tienen que ver con cambiar la reputación”, y agregó que esta iniciativa “no sólo penaliza la corrupción, sino que introduce buenas prácticas”.

En este marco, la Oficina Anticorrupción establecerá guías y lineamientos para regular los programas de integridad en el sector privado, además de implementar la obligación de los proveedores del estado a tener estos programas de lucha contra la corrupción.

Fuente: Casa Rosada.