La Corte Suprema parece decidida a producir un fuerte cambio dentro de la Justicia.
El próximo  6 de marzo se llevará a cabo el acto de apertura del Año Judicial. Esa será la oportunidad elegida para presentar una propuesta de reforma a partir de una política de estado cuyos lineamientos serán dirigidos a la transformación de los poderes judiciales, la abogacía y la educación legal.

El objetivo de esta transformación, según indica un documento que se diera a conocer con el nombre de “ Lineamientos de una Política de Estado para la Transformación de los Poderes Judiciales”, y que se publicara en el Centro de Información Judicial, será implementar y no declarar reformas, razón por la cual se buscará que las propuestas sean muy concretas y susceptibles de aplicación, para poder  acercar un servicio de Justicia eficiente a la población y para lo cual se exigirá que se reconozca un protagonismo a la sociedad civil y su organización,  en torno a los cambios del sistema actual.

El Máximo Tribunal sostiene que todos los ciudadanos tienen igual derecho a una tutela judicial efectiva, por lo que deben ser incluidos todos los estamentos sociales en esta tan anhelada reforma, sociedad, magistrados, funcionarios y empleados judiciales de las distintas etapas de participación durante un proceso como así también el resto de los poderes del estado, representantes de la abogacía y universidades.

Remarca además que el Agente de  Cambio es el propio Poder Judicial, liderado por su Instancia Superior, pero en base a un consenso social y político, ya que ese órgano de gobierno, aclara, no actúa aisladamente y este proceso tampoco, sino respetando los lineamientos constitucionales que distingue las potestades de los distintos departamentos que conforman el gobierno federal  con su correlativo reconocimiento a las prerrogativas que le son propias , como así también  a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La implementación de este cambio, reconoce, es quizás una de las fases más difíciles y cuya dificultad radica, por un lado en la inexistencia de una unidad decisoria única. Si bien, en cumplimiento a un modelo constitucional instituido, la Corte puede adoptar decisiones de superintendencia,  el Consejo de la Magistratura selecciona los jueces y administra al Poder Judicial, el Congreso sanciona las leyes y el presupuesto es elaborado por el Poder Ejecutivo y el Legislativo, nada invalida la creación de una unidad de ejecución a través de un consenso general.

Otro de los factores que influyen, es la existencia en el Poder Ejecutivo de áreas que se superponen a  las  judiciales, por ejemplo, en la referida a la investigación de delitos tales como el narcotráfico, violencia doméstica, con organismos periciales, etc. Evitar esta duplicación de tareas, a nivel nacional como provincial, examinando en cada lugar los organismos existentes es tarea ineludible para subsanar  esa doble jurisdicción.

Por último dentro de ese espacio que es la implementación, otro obstáculo que hay que dar remedio inmediato, es la falta de controles de ejecución, para que las propuestas de cambio no terminen siendo meramente  declarativas, es que se proponen  métodos de seguimiento estadísticos.

Este arduo trabajo, se va a  llevar a cabo a través de comisiones encargadas  del estudio de los diferentes temas propuestos, a saber: celeridad de los juicio penales de narcotráfico, corrupción, trata de personas y delitos en general; fuero civil y comercial; fuero laboral y previsional; fuero electoral; acceso a la justicia; organización institucional del Poder Judicial; organización del trabajo de magistrados, funcionarios y empleados judiciales; nuevas tecnologías; educación legal.

La nueva propuesta  de la Corte Suprema de Justicia, completa un largo camino de trabajo,  ya que aquí convergen la elaboración  planes de políticas de estado,  que  desde  el año 2007 han sido discutidos y aprobados  en diferentes Conferencias Nacionales de Magistrados, los que  sumados a  cambios internos mediante sus acordadas, como ser, entre ellas: centro de información judicial, oficina de Violencia Doméstica, creación de la oficina de Fortalecimiento Institucional, Comisión de Gestión Judicial, Comisión Nacional de Acceso a la Justicia, Unidad de Superintendencia de los Delitos de Lesa Humanidad, la Oficina de la Mujer, Audiencia mediante teleconferencias, Plan de informatización, Circulación electrónica de expedientes, Notificación por medios electrónicos, Oficina de Justicia  Ambiental,  Comisión Judicial para la lucha contra el narcotráfico, desarrollo del Expediente digital en todo el país, hacen que el  nuevo proyecto  sea el  reflejo de su compromiso con la Justicia y la Sociedad.