El ex cónsul de Bolivia es acusado por narcotráfico

Judiciales 19 de diciembre de 2019
La Fiscalía Federal de Orán formalizó la acusación, y el juez dictó la prisión preventiva.
drogas.

Ex cónsul de Bolivia Diego Fernando Vega Ibarra y Wilson Bernardo Cordero Flores, su acompañante, fueron detenidos en la ruta 50 a la altura del Puesto 28 de Julio, en la ciudad de Orán, en un control vehicular de Gendarmería Nacional para realizar verificaciones de rutina.

Durante el mismo, los agentes le solicitaron que abra el baúl del vehículo, y atrajo su atención el hecho de que la rueda de auxilio estuviera por encima del compartimento destinado para ello, por lo que al levantar la misma, descubrieron que en ese habitáculo había ocho paquetes rectangulares, conocidos como “ladrillos”.

En ese momento, el hombre se identificó como diplomático y presentó la documentación. Horas más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Bolivia aclaró que Vega Ibarra cesó en sus funciones como cónsul de ese país en la ciudad de Orán el 25 de noviembre pasado.

Tras la detención, se llevó a cabo la audiencia, donde se pesó la droga, que totalizó 8,263 kilogramos de cocaína. En este sentido, algunos de los paquetes llevaban impresa la figura de un delfín, sello distintivo y perteneciente a determinadas organizaciones del narcotráfico que operan en la frontera con Bolivia.

La audiencia se llevó a cabo ante el Juez Federal de Garantías de Tartagal, Carlos Martínez Furgoni, en el Juzgado de esa ciudad, y los fiscales federales de Orán, José Luis Bruno y de Tartagal, Marcos Romero, que formalizaron la investigación.

El fiscal Bruno solicitó que quede formalizada la investigación en contra de ambos acusados por el delito de transporte de estupefacientes, establecido en la Ley 23.737, artículo 5, que establece penas con una escala de 4 a 15 años de prisión.

Para el representantes del MPF, se trata de un hecho grave, dado el avalúo de la droga, su procedencia y otras connotaciones del caso, respecto del que solicitó se mantenga bajo el proceso de flagrancia, y estimó el plazo de investigación en un término de 20 días; como así también destacó la profesionalidad de los gendarmes al seguir los protocolos predeterminados.

Fuente: MPF.

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