A comienzos de febrero se llevó a cabo un allanamiento en la localidad de Los Frentones, Departamento de Almirante Brown, Provincia de Chaco, a raíz de una denuncia presentada ante la PROTEX por la División Coordinación contra el Trabajo Ilegal de la AFIP. 

El allanamiento, ordenado por el Juzgado Federal Nº 1 de Sáenz Peña, a cargo del Dr. Fernando Carbajal, se realizó en dos predios que serían explotados a pedido de una importante empresa exportadora de granos y fue realizado por Gendarmería Nacional con el acompañamiento del RENATRE y personal del Programa Nacional de Rescate (PNR) del Ministerio de Justicia.

Servidumbre y condiciones inhumanas

Allí se detectó que 76 trabajadores estaban trabajando en situación de servidumbre y condiciones inhumanas. En este sentido, las viviendas de estos trabajadores eran carpas montadas entre los árboles como refugio y campamentos absolutamente precarios sin acceso al agua potable, baños sin instalación edilicia alguna.

Trabajaban de sol a sol y de lunes a lunes, en limpieza del desmonte. Recibían pago por hectárea desmontada, sin francos y la mayor cantidad de horas posibles, lo que les permitía con suerte reunir 30 mil pesos, muy por debajo de lo que establece el convenio, informó la fuente oficial. Incluso se les adeudaban una quincena.

El reclutamiento

La empresa realizó el reclutamiento a través de contratistas que trasladaron trabajadores desde Salta, Santiago del Estero y otras localidades de Chaco. Se los reclutó mediante WhatsApp o mensajes de texto para una actividad fuera de convenio y en condiciones deplorables en lo que parece ser una práctica habitual en dicho establecimiento, detalla la fuente oficial. 

Luego del allanamiento, las víctimas fueron trasladadas por Gendarmería Nacional al pueblo de Los Frentones donde comenzó el trabajo de relevamiento y contención por parte de RENATRE y el Programa de Rescate. Finalmente, se los trasladó a sus lugares de origen con la colaboración del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata. 

Se pudo constatar, entre otras maniobras, que los capataces retenían los documentos de algunos trabajadores. Además, el juez dispuso que se secuestren los vehículos y celulares del personal jerárquico.

El operativo, que comprendió el rescate, relevamiento y traslado, duró 48 horas, donde tuvieron que actuar sobre una zona de monte tupida e inhóspita en malas condiciones climáticas. 

Fuente: Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas.