El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, se mostró conforme con el fallo de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, por el cual el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación deberá devolver, a casi 50 mil personas, las pensiones por discapacidad suspendidas en 2016.

Desde 2017, la Defensoría del Pueblo ha interpuesto una serie de recursos de amparo por mora administrativa, para conseguir que la Agencia Nacional de Discapacidad, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, les otorgue las pensiones a personas con discapacidad cuyas solicitudes estaban sin respuesta.

Los casos que fueron llegando al organismo desde sus delegaciones en toda la provincia, dieron origen a distintas presentaciones.

Se trata de personas discapacitadas o familiares, cuyos pedidos ante el Ministerio de Desarrollo Social permanecían sin avances por meses e incluso superando el año.

En todos los casos la justicia hizo lugar a los recursos y les concedió las pensiones solicitadas.

Para Lorenzino, el fallo reconoce los derechos de las familias perjudicadas y se encuentra en línea con lo que se viene planteando en cuanto a la vulneración de derechos que significaba la medida oficial.

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.