En la ciudad rionegrina de Cipolletti, un hombre se encuentra detenido en una comisaría tras haber sido denunciado por su expareja en la Comisaría de la Familia. Ahora, el Juzgado de Familia de Cipolletti y el Ministerio Público Fiscal se encuentran trabajando en el abordaje de este caso de violencia de género.

Además, se ordenó la realización de un tratamiento psicológico y se envió un oficio al hospital para conseguirle un turno con urgencia. El funcionamiento del expediente electrónico le permitió a la fiscalía acceder al legajo de inmediato.

La víctima describió situaciones que involucraron a su expareja y sostuvo que el hombre había usado un arma de fuego y un cuchillo para amedrentarla.

A partir de la denuncia, la jueza Marissa Palacios, titular del juzgado de Familia N°7, ordenó un allanamiento y allí se secuestraron dos armas de fuego. 

Una rápida respuesta

Por la gravedad de los hechos, la magistrada aplicó la máxima sanción prevista en los artículos 29 y 30 de la ley provincial 3040. Dispuso el inmediato arresto del acusado por diez días en una comisaría y la realización de un tratamiento psicológico para abordar la patología.

Asimismo, aplicó otras medidas precautorias consignadas en el nuevo código procesal de Familia con el objetivo de proteger a la víctima.

Expediente electrónico

Según lo indicado por la norma, el juez o jueza de Familia debe remitir copia a la Fiscalía de todas las actuaciones y de las medidas adoptadas. De esta manera, la implementación del expediente electrónico permitió al Ministerio Público estar vinculado al mismo expediente de Familia de manera digital, seguir los movimientos en tiempo real y tomar las medidas penales pertinentes. 

Además, como en el caso también hubo una desobediencia a una orden judicial, que ya constituye un delito penal, la fiscalía de género se encuentra trabajando en el legajo al mismo tiempo que también lo hace el fuero de Familia.

La “ineficacia judicial” 

En la resolución, la jueza sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que "la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir". Y por ello, añadió la Corte, "favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia". En función de esos argumentos dispuso el arresto inmediato y el secuestro de las dos armas de fuego.

Fuente: Poder Judicial de Río Negro-Comunicación judicial.