La aerolínea aseguró haber realizado la devolución de los pasajes, pero el pasajero frustrado acreditó que no había registrado ningún crédito en su cuenta. La Justicia confirmó el reclamo por daño directo y daño punitivo.
Así lo resolvió un juzgado de paz de Cipolletti, en el marco de un conflicto entre vecinos.
Así lo resolvió la justicia Civil de Cipolletti al sostener en un fallo que si bien el conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha, la prioridad se pierde cuando se desemboca desde una vía de tierra a una pavimentada.
De acuerdo con el fallo, la conductora de la camioneta realizó una maniobra “altamente riesgosa” con exceso de velocidad, provocando un incidente vial con una moto en la que iban dos jóvenes.
Fue denunciado por su expareja y se encuentra detenido. Además, se ordenó la realización de un tratamiento psicológico y se envió un oficio al hospital para conseguirle un turno con urgencia. El funcionamiento del expediente electrónico permitió a la Fiscalía acceder a su legajo inmediatamente.
A pesar de las medidas sanitarias por la pandemia se pudo avanzar en el proceso, y ahora, las dos hermanas tienen una familia.
Ocurrió en un colegio secundario de la Ciudad de Cipolletti. El adolescente deberá ser indemnizado por más de dos millones.
El hombre recibirá una compensación económica cercana a los 900 mil pesos luego de que entre otras, se constataran fisuras y grietas en paredes y restos de mezcla en su predio.
El conductor de la camioneta no respetó la prioridad de paso y provocó el incidente. Deberá indemnizar por las lesiones a una motociclista que iba con su hijo menor de edad.
El hombre necesitaba un lugar para vivir junto a su familia, y al unirlos una fuerte amistad no dudó en darle las llaves de la vivienda, pero terminaron enfrentados en un juicio civil. La Justicia ordenó la devolución del inmueble.
Tras no encontrar una solución, la mujer llevó su caso ante la Justicia, que determinó una indemnización en favor de ella.
El condenado deberá cumplir una pena de un año y medio de prisión al aceptar su responsabilidad por violación de domicilio e incumplimiento de las medidas nacionales dispuestas por la pandemia.
