El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a cinco años de prisión a dos personas por trata de personas con fines de explotación sexual. En un juicio abreviado, Fátima Beatriz Jiménez y Patricio Arturo Bulacia Márquez fueron hallados culpables de haber captado y acogido a tres mujeres con la finalidad de explotarlas sexualmente en un prostíbulo de su propiedad desde febrero de 2020 hasta el 23 de septiembre de ese año, cuando el local fue allanado.

En la causa intervino la Fiscalía General ante el TOCF de Tucumán, a cargo de Pablo Camuña, que acordó el abreviado con el Ministerio Público de la Defensa.

En mayo de 2020 se dio inicio a la investigación, que fue desarrollada en la etapa de instrucción bajo la dirección de la Fiscalía Federal N° 1, a cargo de Carlos Brito, con el apoyo de la oficina local de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Las tareas de campo estuvieron a cargo de la División Unidades Operativas Especiales de la Policía Federal Argentina.

Durante esa etapa, se acreditó que las personas imputadas eran propietarias de un prostíbulo ubicado en la calle Moreno al 300 de Tucumán, el cual funcionaba bajo la fachada de una casa de masajes denominada “Aqua”. Allí se les ofrecía a los prostituyentes los servicios sexuales de las víctimas, que también se difundían a través de avisos en las páginas web “Skokka” y “mundosexanuncios”.

Se tuvo por acreditado que Fátima Jiménez era la encargada del lugar, que  recibía a los clientes y les comunicaba las tarifas de los servicios sexuales. Luego, los hacía ingresar a un box donde tomaban contacto con las víctimas, que eran ofrecidas para elección de la clientela. 

Por su parte, Bulacia Márquez, era el locador del inmueble, según se desprende de los recibos de alquiler que se secuestraron en el allanamiento. Concurría diariamente al prostíbulo y frecuentemente trasladaba efectos para el funcionamiento del lugar, tales como toallas y sábanas.

Cómo captaban a sus víctimas

Utilizaban la red social Facebook, donde en una publicación se solicitaba mujeres para realizar “masajes descontracturantes, relajantes” y se ofrecía como medio de contacto el número de teléfono celular de Jimenez, quien se hacía llamar Ornella para ocultar su verdadera identidad. 

Aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de las victimas, estas eran convocadas al prostíbulo e incorporadas al circuito prostibulario que funcionaba bajo la fachada de una casa de masajes. Los encuentros sexuales se registraban en un cuaderno, que era manejado por los dos imputados.

Además, con la pericia del material tecnológico secuestrado se pudo corroborar que Jiménez y Bulacia Márquez eran los dueños del negocio, y que la casa de masajes era una fachada para simular los servicios de índole sexual que se llevaban a cabo en el lugar.

También se advirtió que el abuso de la situación de vulnerabilidad se ha dado en todos los tramos de la relación de las personas imputadas con las víctimas, desde su captación a su posterior explotación.

La condena

Mediante un juicio abreviado, las partes acordaron la pena privativa de la libertad. Asimismo las víctimas expresaron su conformidad con el acuerdo, que incluyó el pago de 1 millón de pesos a modo de reparación por los padecimientos sufridos durante el periodo de explotación.

Fuente: Fiscales.gob.ar