El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires habilitó a los distribuidores provinciales EDELAP S.A., EDEN S.A., EDES S.A. y EDEA S.A. y a los distribuidores municipales a incluir en sus facturas el concepto “Incremento de Costos Tarifarios (ICT)”.

A través de este, los usuarios deberán pagar, a partir de febrero, las “pérdidas” de las empresas.

Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo bonaerense expresó su rechazo a la decisión emanada del Gobierno provincial.

Según Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo bonaerense, “es otra muestra más de que el gobierno le da la espalda a los bonaerenses a favor de las ganancias de las compañías. No descartamos ir a la Justicia si no se da marcha atrás con esta decisión que perjudican a los usuarios, acorralados por la seguidilla de aumentos, y que afecta por sobre todas las cosas a los que menos tienen”.

Cabe destacar que el “Incremento de Costos Tarifarios”, fue creado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos como mecanismo para que las distribuidoras puedan recuperar las diferencias por costos mayoristas y de distribución.

El Defensor bonaerense,  sintetizó que “este recargo hará que el aumento pautado del 36% en promedio para todas las categorías pase a un 55%. Es una medida que impacta de manera directa en la facturación de todos los usuarios, incluyendo las Pymes, beneficiarios de Tarifa Social y las entidades de bien público”.

Fuente: Defensoría del Pueblo bonaerense.