Según reveló uno de los principales medios de prensa locales (Clarín),  el gobierno estaría recortando pensiones a personas con discapacidades.

La medida ya estaría siendo aplicada y se basa en un decreto de la década de los noventa y que había caído en desuso.

La aplicación de estos recortes podría extenderse a otros beneficiarios en caso de comprobarse que posean bienes propios o que sus familiares perciban ingresos superiores a tres salarios mínimos.

La noticia ya generó rechazo en las redes sociales y las críticas se multiplican. Y no es para menos. En un tema tan sensible como la discapacidad, en el que el estado no puede dejar de estar presente y brindar una cobertura integral que permita que se cumplan las condiciones mínimas para la  subsistencia, no es apropiado hablar de ajuste. Porque en definitiva es eso, un ajuste o recorte de gastos.

El estado por el contrario  debe garantizar su protección integral. No puede suponerse que siempre van a tener un familiar que se haga cargo de ellos. Pensar así es condenarlos a un futuro incierto y a un estado de abandono.

Se han conocido algunos casos de personas que ya han sido afectadas por la medida.

Es el caso de Mercedes Castilla, una mujer de 40 años con síndrome de Down cuyos padres murieron hace tres años. Ella pudo ser rescatada de una ciudad de Misiones donde vivía en una vivienda social. Al llegar a Buenos Aires, una prima le dio un lugar en su casa y le inició los trámites para acceder a  una pensión y con ella también una cobertura médica a través de Pami. Lamentablemente todas han sido trabas y hasta ahora nadie le ha dado una respuesta.

Como ella puede haber muchas otras personas más que no puedan acceder a la pensión o que habiéndola tenido, se la quiten.