Una forma de discriminación y de violencia de género que afecta a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto, es la llamada violencia obstétrica.
Pero si nos referimos al caso particular de aquellas mujeres que se encuentran privadas de su libertad, dicha situación puede ser aun peor dado que el encierro carcelario implica restricciones al goce de sus derechos y una mayor exposición a la violencia institucional.

En un informe que se ha dado a conocer que lleva como título “Parí como una condenada. Experiencias de violencia obstétrica de mujeres privadas de la libertad”, la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, analizan las vivencias de estas mujeres y realizan una serie de recomendaciones para el abordaje de una problemática que está instalada en la institución penitenciaria.

Del estudio de las encuestas y entrevistas realizadas a mujeres embarazadas o con hijos menores de cuatro años, alojadas en las unidades penitenciarias, se detectan formas específicas de maltrato que llevan a la necesidad de replantear la política criminal y penitenciaria actual.

Una de las formas más extremas de violencia que se observa, se relaciona con la vigilancia y seguridad y la aplicación de medidas de sujeción aplicadas sobre mujeres embarazadas, y peor aún durante los procesos de preparto y parto.

Entre las recomendaciones sobre este punto, se remarca que debe capacitarse al personal judicial sobre la temática del parto respetado y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres que son víctimas de violencia obstétrica; que el poder ejecutivo debe implementar políticas públicas que garanticen el acceso a los derechos reproductivos de las mujeres detenidas; que el Ministerio de Salud debe habilitar mecanismos para la recepción de denuncias por hechos de violencia obstétrica, así como impartir, dentro de los servicios penitenciarios, cursos de preparto a todas las mujeres; y que los servicios penitenciarios deben disponer de guardias obstétricas y pediátricas activas, y erradicar el uso de medidas de sujeción e inmovilización en mujeres próximas a dar a luz o que hayan dado a luz recientemente.

El informe también señala que se debe garantizar el acceso de todas las mujeres en conflicto con la ley penal a medidas alternativas a la detención o, en su defecto, a formas de detención morigeradas tales como el arresto domiciliario”.

 Algunos datos a tomar en cuenta:

-      El 94% de las mujeres encuestadas inició el trabajo de preparto en la unidad penitenciaria, y casi el 76% lo hizo en su pabellón de alojamiento.

-      El horario nocturno es un punto crítico para la atención de salud, ya sea en el momento del trabajo parto como de los/as  niños/as, sino también en relación con la atención médica de los/as que conviven con sus madres en prisión.

-      El 30% de las mujeres manifestó haber sido atendidas por médicos/as de especialidades distintas a la  obstetricia.

-      El 85% sostuvo que recibió algún tipo de maltrato verbal de parte del personal penitenciario durante el trabajo de parto.

-       realizado en el penal

-      En relación al tiempo de espera del móvil de traslado:  El 15% de los casos dijo que transcurrió entre media hora y una hora desde que se observó la necesidad de trasladarla al hospital hasta llegar al centro de salud, y en el 9% de los casos este período duró entre una y dos horas.

-      El 72,7% de las mujeres informaron que fueron conducidas a los hospitales en ambulancia, mientras que el 18% mencionó que fueron transportadas en un camión de traslado y en el 6% de los casos restantes fueron trasladadas en otros móviles (como un patrullero o colectivo de visitas).

-      El 97%,  fueron acompañadas por personal de seguridad y en el 54,5% fueron trasladadas con alguna medida de sujeción (18 de las 33 mujeres), ya sean esposas o “pateras” (esposas en las extremidades inferiores).

-      En el 42,4% de los casos, aseguraron no haber tenido privacidad; en el 75,8% de los casos se refirió la presencia de personal penitenciario.

-      En la totalidad de los casos fueron acompañadas por personal penitenciario femenino pero en el 79% de ellos también asistieron agentes masculinos. Una situación que incrementa la incomodidad y la sensación de exposición.

Unidades donde se realizaron las encuestas:

-      Instituto Correccional de Mujeres del Complejo Penitenciario Federal III (Güemes, Salta).

-      Centro Federal de Detención de Mujeres – Unidad Nº 31.

-      Complejo Penitenciario Federal Nº IV – Ezeiza del SPF.

-      Unidad Penitenciaria N° 33 de Los Hornos del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Para leer el informe completo, ingrese aquí: https://www.mpd.gov.ar/pdf/prensa/CuadernilloVO.pdf

Para leer el resumen ejecutivo, ingrese aquí: https://www.mpd.gov.ar/pdf/prensa/ResumenEjecutivoVO.pdf

 

Fuente: Artículo publicado en la Defensoría General de la Nación