Probation para dos mujeres que estafaban abuelos en sus trámites jubilatorios

Judiciales 26 de julio de 2019 Por EXPRESO JUDICIAL
Una de las imputadas era abogada y contrataba créditos a nombre de las víctimas.
anses

A partir de una denuncia anónima presentada en febrero de 2008, se inició una investigación para determinar si efectivamente en la Delegación de Salta de la ANSES, se otorgaban jubilaciones ilícitamente a personas extranjeras, identificadas con documentación falsa. En esta maniobra se habría vinculado a un estudio jurídico que realizaba las gestiones para conseguir la documentación apócrifa.

En febrero de 2011, un hombre se presentó en la fiscalía, denunciando que dos años antes había comenzado los trámites ante la ANSES para obtener su jubilación, y que al serle denegada, personal del mismo organismo, le recomendó a una abogada para hacer la gestión. El trámite fue iniciado pero por otra letrada, y finalmente le otorgaron la jubilación. Como esta persona no tenía recursos para los honorarios, le ofrecieron un plan de pagos a través de una cooperativa.

La operatoria consistía en requerirle la documentación de las víctimas, contratar créditos a nombre de los damnificados y descontarle las cuotas de sus haberes.

Se comprobó en la investigación que esto se repitió en seis casos.

Con las pruebas obtenidas, el titular de la Fiscalía Federal N°1 de Salta, Ricardo Rafael Toranzos, solicitó en octubre de 2015 la elevación a juicio de ambas abogadas. Una por el delito de defraudación por abuso de firma en blanco reiterado en seis oportunidades y la otra como cómplice del mismo delito en perjuicio de una sola persona.

La defensa de las imputadas solicito al  Tribunal Oral Federal N°2, conformado por el juez Abel Fleming Figueroa, que se conceda la suspensión del proceso a prueba, ofreciendo una reparación económica a las seis víctimas y la realización de tareas comunitarias.

El magistrado, en coincidencia con la opinión del titular de la Fiscalía General N°2 ante el TOF de Salta, Francisco Snopek, hizo lugar al pedido de la defensa y suspendió el proceso a prueba por el plazo de un año.
Aceptó la reparación de los daños a las víctimas por un monto equivalente a cuatro jubilaciones mínimas ($ 46.113,76-), y fijó tareas comunitarias durante ese lapso de tiempo, consistentes en dieciséis horas mensuales en el comedor comunitario Manos Abiertas.

Las abogadas deberán acreditar mensualmente el cumplimiento de las tareas, fijar su residencia y someterse al cuidado de un patronato por idéntico plazo y avisar al Tribunal cualquier cambio de domicilio.

Fuente: Fiscales.gob.ar

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