La línea 0800-222-1717 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos contra el abuso sexual y la pornografía infantil, el grooming y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, recibió en cinco meses 2.130 llamados desde distintos puntos del país.

De esta cifra preocupante, el 60 por ciento fue por casos de abuso sexual, que según las estadísticas del Ministerio, entre octubre de 2017 y febrero de 2018 se reportaron 1.277 situaciones, donde en el 64,2  por ciento de los casos el agresor o la agresora pertenecen al círculo familiar de la víctima, siendo el padre, padrastro, abuelo, tío, primo o hermano.

Los datos revelan que en el 37 por ciento de los casos llaman desde una Comisaría, del cual el 36 por ciento refiere ser un familiar, el 9 por ciento es la propia víctima y otro 9 por ciento conocidos y vecinos. El resto corresponde a otras instituciones.

Además, el gran porcentaje de victimas siguen siendo las mujeres, siete de cada diez, y el 40 por ciento tiene entre 12 y 17 años. Las formas más frecuentes de victimización son el tocamiento (manoseo), seguido por la violación y el acoso sexual a través de redes sociales u otro medio.  Asimismo, se registran casos en que la víctima puede sufrir más de un tipo de agresión sexual.

La campaña nacional “Hablemos de abuso sexual infantil” se lanzó en noviembre de 2016, y desde entonces los profesionales de la línea que funciona los 365 días del año las 24 horas, atendieron 5706 llamados, de los cuales el 49,8 por ciento fueron por abuso sexual.

Si bien la línea - que funciona en la órbita del Programa Las Víctimas contra las Violencias- no recepciona denuncias, la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodriguez, explicó que las profesionales que la atienden “brindan orientación sobre cómo y dónde radicarlas, de acuerdo a los organismos competentes en el lugar de residencia de la víctima, y también ofrecen acompañamiento y asesoramiento”.

“Los llamados tienen un seguimiento y se realizan enlaces con organismos de protección local, fiscalías, asesorías, defensorías, escuelas, servicios sociales, familiares y policías, entre otros actores involucrados”, precisó Rodriguez.

El origen de los llamados proviene en un 53 por ciento de la Ciudad de Buenos Aires, un 31 por ciento corresponde a la provincia de  Buenos Aires, seguido por Córdoba, Santa Fe y Mendoza y Tucumán con el 10 por ciento de los llamados.

Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación