El Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor, se reunió con representantes de los centros de estudiantes de 23 colegios públicos porteños que rechazan la reforma educativa denominada “Secundaria del futuro” impulsada por el gobierno porteño.

En medio de una toma de colegios que ya lleva varios días, la Defensoría resolvió impulsar  una mesa de diálogo en la que estén presentes el  Gobierno de la ciudad, los estudiantes y los docentes.

Los alumnos asumieron el compromiso de debatir la suspensión de las medidas adoptadas por los centros de estudiantes, en tanto y en cuanto obtengan respuestas satisfactorias ante un pliego de requerimientos que le acercaron a Amor.

Estos requerimientos son:

• Que se desista de implementar el proyecto “Secundaria del Futuro” por parte del ministerio de Educación porteño ya este  no contó con la participación de la comunidad educativa.
• La implementación de la ley de Educación Sexual Integral en todos los colegios.
• Que se implemente un Protocolo de Acción Institucional para prevenir e intervenir en casos de violencia de género y discriminación de género o diversidad sexual. Tomando como antecedente el ya aprobado en el Colegio Pellegrini, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
• Que cese la intervención de la policía en las instituciones educativas y en el accionar de los centros de estudiantes. 
• Que se hagan efectivos de manera inmediata los planes de obras para resolver la situación edilicia de los establecimientos educativos. 

De la reunión participaron, además del titular de la Defensoría, la Defensora del Pueblo adjunta María América González; la secretaria general Silvina Pennella y Gustavo Lesbegueris, director de Educación de la institución.

Estuvieron por el lado de los estudiantes representantes de los establecimientos, Carlos Pellegrini; el Nacional Buenos Aires; la Escuela Juan Pedro Esnaola; el Instituto Lenguas Vivas; la Escuela Julio Cortázar; la Escuela Técnica 33;  el Normal 10; el Liceo 9 y los Colegios Nicolás Avellaneda y Mariano Acosta.

Fuente: Defensoría del Pueblo