Diputados aprueba la reforma del Código Procesal Penal que da más poder a los fiscales
La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma del Código Procesal Penal que rige en la órbita federal.
El proyecto, que contaba con media sanción del Senado, se aprobó por 134 votos a favor y 55 en contra y fue elaborado por una comisión bicameral que contó con la activa participación de especialistas en la materia.
A través de esta reforma, se busca modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales, sumando herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, trata de personas y crimen organizado en general.
Se cambia el actual sistema inquisitorio por uno acusatorio y los fiscales asumirán el rol preponderante de conducir y dirigir las investigaciones.
Se incorporan nuevos sistemas de administración de justicia con la gestión electrónica, la incorporación de tecnología y la toma de decisiones en audiencias orales y públicas.
Según los impulsores del proyecto, la reforma “implicará un mejor servicio de justicia para la ciudadanía, mediante la resolución de las causas en menor tiempo. Para eso se pasa a un sistema de oralidad y publicidad”.
En el texto del nuevo Código, se suman reformas aprobadas por el Congreso en los últimos dos años: ley de juicios unipersonales (que permite resolver las causas de menor gravedad con la intervención de uno solo de los tres jueces del tribunal); ley de flagrancia (que imprime un procedimiento abreviado para los casos en los que el imputado es sorprendido mientras comete el delito) y ley de derechos de la víctima de delitos (que le otorga participación a la víctima durante el proceso, incluso al momento del cumplimiento de la pena).
Para la investigación de delitos complejos, se incorpora también, las figuras del imputado colaborador o arrepentido, el informante policial, el agente encubierto y el agente revelador.
Se estima que una vez promulgada la ley, los procesos serán más rápidos, sencillos y transparentes, lo cual redundará en una mayor protección de los intereses de la sociedad.
Fuente: Cámara de Diputados de la Nación