La Defensoría General de la Nación dio a conocer la información acerca de un monitoreo efectuado sin previo aviso por parte del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles al Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres de Ezeiza.

La inspección se llevó a cabo el pasado miércoles 3 de julio con el objeto de comprobar las  condiciones de alojamiento de las mujeres de la Unidad.

En especial por un hecho que ocurrió la semana anterior, cuando una de las detenidas, que se encontraba en una celda de castigo del Complejo, resultó con graves quemaduras en su cuerpo luego de que se prendiera fuego su celda. La mujer, cuyo nombre es  Juliana Bejar, se encuentra actualmente en terapia intensiva.

Un importante número de magistrados, funcionarios y representantes de asociaciones civiles concurrieron al Complejo para observar  la situación y para emitir un informe. En representación del Ministerio Público de la Defensa estuvo el defensor oficial Guillermo Todarello; Luciano Hazan, del Programa contra la Violencia Institucional y Analía Geuna, de la Comisión de Cárceles. También concurrieron a la inspección el presidente del Sistema, el juez Gustavo M. Hornos; los jueces Sergio Paduczak, Vilma Bisceglia y Alicia Vence; Ángela Pagano, de la Procuraduría de Violencia Institucional; el jefe de despacho Nicolás Herbin, y la secretaria del Sistema de Control de Cárceles, Lucía Gallagher. La sociedad civil estuvo representada por Eva Asprella y Macarena Fernández Hofmann, en representación del CELS; y Alejandra Álvarez y Fernando Gauna Alsina, de la Asociación Pensamiento Penal. Además, se encontraban presentes las secretarias delegadas de Casación asignadas al Complejo IV Yamila Massad y Marion Lea Vecino y el secretario Luis López Lo Curto.

La comitiva hizo un recorrido por los distintos pabellones y se efectuó un relevamiento relacionado con la problemática de las detenidos, especialmente aquella surgida a partir de los múltiples reclamos de atención médica oportuna y adecuada; la falta de asignación de cupos laborales, el acceso a educación y las diversas consecuencias que produce.

Se efectuaron entrevistas a las mujeres en forma reservada u se escucharon sus principales reclamos.

Los integrantes del Ministerio Público de la Defensa se apersonaron donde ocurrieron los incidentes que terminaron con la mujer herida y la manera en que acontecieron.

Un capítulo aparte mereció el Anexo Psiquiátrico, ex Unidad 27, en donde la inspección comprobó que las condiciones en las que están alojadas las detenidas con padecimientos de salud mental son verdaderamente críticas.

La comitiva estuvo acompañada durante toda la recorrida por la directora del Complejo, Elba Suárez, y por la jefa del Área Médica, María Allende.

Tras la inspección se les comunicó a las autoridades todo lo que pudo documentar en cuanto a los reclamos de atención médica, de alimentación, acceso a trabajo y estudio, y la problemática de la falta de un protocolo del uso de la fuerza.

El informe que se han de elaborar los integrantes del Sistema, será remitido a las autoridades judiciales y administrativas correspondientes.

Fuente: Defensoría General de la Nación